El abogado y analista, Óscar Villanueva, advirtió que la actual conflictividad social en Bolivia podría estar marcada por intereses vinculados al narcotráfico, en medio de bloqueos, presiones sectoriales y pedidos de renuncia contra el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira.
“No cabría duda de que aquí hay alguna mano vinculada al narcotráfico y a todos los que están en la búsqueda de legitimación de ganancias ilícitas”, afirmó Villanueva en declaraciones a EL DIARIO, al sostener que existiría “financiamiento claro” orientado a una desestabilización del Gobierno.
Sus declaraciones se producen en un escenario de alta tensión social. La Central Obrera Boliviana (COB) y sectores campesinos radicalizaron sus medidas y pasaron de demandas salariales y sectoriales a exigir la renuncia del Jefe de Estado, mientras el país registró bloqueos en distintos puntos, principalmente en La Paz.
Villanueva vinculó el escenario de crisis con el avance del crimen organizado y mencionó el caso del narcotraficante Sebastián Marset. “La caída de Marset en este Gobierno ha dejado huella, estamos viendo cómo Santa Cruz se ha vuelto un foco de sicariato”, sostuvo.
El analista aseguró que los conflictos no pueden ser vistos solo como demandas sociales aisladas. “Durante mucho tiempo era sabido por todos que el narcotráfico era lo que movía mucho en el país, entonces no tendría por qué sorprendernos que habría una mano del narcotráfico involucrada a través de terceras personas”, aseveró.
VOCERO PRESIDENCIAL
Al respecto, el vocero presidencial, José Luis Gálvez, denunció la noche del jueves que detrás de dirigentes que impulsan bloqueos existe un financiamiento que proviene desde las redes del narcotráfico, en escenario en el que la Central Obrera Boliviana radicalizó su discurso exigiendo la renuncia del presidente Rodrigo Paz.
Gálvez pidió a los obreros, campesinos e indígenas que preguntas a sus dirigentes de dónde sale el dinero para el transporte, viáticos, alimentación, dinamitas y otros enseres utilizados para llevar adelante el corte del tránsito en las rutas del país.
“Es tiempo que rindan cuentas al pueblo boliviano. Hombres y mujeres de bien de todo el país, trabajadores, campesinos, obreros, no se dejen engañar, el financiamiento del narcotráfico está detrás de estos dirigentes”, dijo el portavoz en conferencia de prensa.
El vocero recordó que -en días pasados- el máximo ejecutivo de la COB, Mario Argollo, el sector campesino representado por los Ponchos Rojos y el senador Nilton Condori (disidente de la alianza Unidad) “pactaron para no dialogar” con el Gobierno y apuntar a la renuncia del Primer Mandatario.
“Bolivia no va a vivir secuestrada por políticos del Chapare que en alianza con el narcotráfico quieren tomar a la fuerza el poder”, agregó el vocero, a tiempo de resaltar que existe predisposición de dialogar con los sectores que tienen demandas legítimas.
En esta línea, el portavoz convocó a un gran acuerdo para reconstruir la patria con miras a acabar con las diferencias históricas, pidiendo también a la ciudadanía manifestar su voz en defensa de la democracia y el repudio al narcotráfico.
Además, resaltó que el gobierno de Rodrigo Paz ejercerá todas sus prerrogativas constitucionales para garantizar que el narcotráfico no tome por la fuerza el país.
CANCILLER
El canciller de Bolivia, Fernando Aramayo, por su parte, también apuntó ayer al expresidente Evo Morales como el responsable de las movilizaciones y afirmó que el líder cocalero “no resigna a perder el poder” y, por ello, “instrumentaliza el poder social para enquistar un régimen”, que fracasó.
“Bolivia defiende el derecho a la protesta, protege el disenso ciudadano y reconoce todas las demandas legítimas de las organizaciones sociales, pero el Estado democrático también tiene la obligación de distinguir entre la protesta democrática y las acciones que buscan paralizar el país, afectar derechos de terceros o desconocer el mandato de una autoridad nacida del voto popular”, señaló.
ERRORES
Villanueva también cuestionó la respuesta del Ejecutivo frente a las movilizaciones. “El Gobierno cometió el error de permitir que los conflictos crezcan”, precisó, al señalar que cada convocatoria al diálogo terminó abriendo nuevas exigencias de otros sectores.
Uno de los puntos centrales de la crisis fue la Ley 1720, norma que autorizaba al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) la conversión de pequeñas propiedades tituladas en medianas por solicitud de sus propietarios. La Cámara de Diputados sancionó su abrogación el miércoles 13 de mayo, tras protestas de sectores rurales e indígenas. Para Villanueva, la abrogación mostró debilidad política.
“El Gobierno mostró debilidad desde la abrogación de la primera norma que se planteó sobre la gasolina y desde ahí dio fortaleza a una Central Obrera Boliviana que estaba bastante desmerecida y venida a menos”, declaró.
El abogado consideró que varias demandas ya ingresan en un terreno de ruptura institucional.
“Los mineros estaban a dinamitazos con los policías, hay palabras de los mineros, de dirigentes de la COB que ya rondan lo sedicioso y el Gobierno puede tomar medidas”, afirmó. El último jueves hubo enfrentamientos en La Paz entre mineros y la Policía, con uso de dinamita y gases lacrimógenos.
Villanueva también apuntó contra la falta de acción frente a Evo Morales. “El discurso de la vocería dice que Evo Morales está detrás de eso y ese hombre tiene tres órdenes de aprehensión y no lo detienen”, expresó. Esta semana, un tribunal de Tarija declaró rebelde al expresidente y dispuso una orden de búsqueda y captura en su contra.
“El Gobierno está confiando excesivamente en el protocolo de una cultura de paz que en Bolivia no existe, lastimosamente la cultura de paz no un mecanismo, no existe, la prueba es que la COB tenía varios pedidos y cuando los llaman al diálogo simplemente dicen que lo que les interesa es que renuncie el Presidente, alejando que no los quisieron escuchar en su momento”, explicó.
“Están pidiendo que en seis meses se arregle el desastre de más de 20 años. Por un lado está la intransigencia de los movimientos sociales que obviamente han estado muy mimados durante esos 20 años y como se les cayó mucho el mimo que tenían están en contra del gobierno y por otro lado el Gobierno no está demostrando la fortaleza que necesita”, agregó.
“No puede ser que un movimiento tenga que estar a tres cuadras de la plaza Murillo para que recién reaccione el Gobierno de alguna forma, cuando tenemos carreteras bloqueadas, tres muertos”, puntualizó.
Reiteró que el Ejecutivo está perdiendo fortaleza ante los sectores populares y está perdiendo credibilidad ante la clase media y la clase alta, el empresariado, agricultores, la CAO, Cainco, que lo estaban apoyando, ahora están viendo un discurso absurdo, porque van y presentan en Santa Cruz la ley 1720, vuelven a La Paz, hay una marcha de un grupo de comunarios y hacen abrogar esta norma.
“No estamos en una temporada de globos de ensayo, creo que el Gobierno tiene que ir tomando ciertas medidas un poco más serias en estos momentos, no podemos seguir esperando a la buena fe y buena voluntad”, sentenció.
VOLVER A LA CALMA
En criterio del analista, el país aún puede recuperar la normalidad, pero advirtió que el margen se reduce. “Estamos a tiempo aún de volver a la normalidad, pero se está quemando toda la Amazonía y nosotros estamos tratando de apagar ese incendio con una manguera que se utiliza en los domicilios”, aseveró.
Villanueva concluyó que el Gobierno enfrenta una pérdida simultánea de autoridad y credibilidad. “Lo malo de ser tibios en cuestiones políticas es que lo tibio te quema”, advirtió.
