La crisis boliviana ha comenzado a desplazarse de la dimensión económica a la política. La gasolina, los bloqueos, la pérdida adquisitiva del salario y la inexistencia de divisas siguen siendo el núcleo estructural del problema, pero ya no son suficientes para explicar el clima de opinión actual. En la esfera pública un nuevo tema ha ingresado, algo más peligroso y delicado: la capacidad del gobierno para conservar el poder.
En política, la autoridad no se mide únicamente por el mando formal. Se mide por la capacidad de ordenar actores, disciplinar agendas y administrar expectativas. Cuando eso comienza a perderse, el gobierno no cae inmediatamente, pero entra en una fase de deterioro visible.
En ese contexto aparecen tres opciones posibles frente al crecimiento todavía parcial, pero cada vez menos marginal, de las voces que comienzan a hablar de renuncia presidencial.
La primera es una salida de contención: cambio de gabinete y pacto político amplio.
Es, probablemente, la opción más racional desde el punto de vista institucional. El gobierno sacrifica ministros, recompone equipos y busca reconstruir una mayoría mínima de gobernabilidad antes de que la convergencia de conflictos produzca un efecto de aceleración.
Sin embargo, Bolivia tiene una larga experiencia en este tipo de intentos. Y casi todos han tropezado con el mismo problema: creer que las crisis políticas pueden resolverse exclusivamente con tecnócratas. El problema es que la política no funciona como un seminario de administración pública.
La técnica administra variables. La política administra poder.
En toda estructura de mando existe una jerarquía implícita. El presidente ocupa el lugar del general. Debajo de él vienen quienes cumplen la función de coroneles: operadores capaces de construir acuerdos, ordenar actores, contener conflictos y defender políticamente al gobierno. Después aparecen los cuadros técnicos encargados de ejecutar políticas públicas.
Invertir esa pirámide suele producir gobiernos eficaces en informes, pero débiles en supervivencia.
La segunda opción es la salida de desgaste.
El presidente resiste, pero debilitado. Sobrevive institucionalmente, aunque pierde iniciativa. Ya no conduce la agenda: la administra. Cada semana se convierte en una negociación distinta. Cada conflicto es una prueba de autoridad y mando. Cada sector movilizado descubre que la presión social funciona.
Es un escenario profundamente boliviano: gobiernos que no terminan de caer, pero tampoco logran recuperar el control de la situación.
La tercera alternativa es la salida de ruptura.
No necesariamente como colapso inmediato, sino como acumulación progresiva de desgaste que termina desplazando la discusión desde la protesta hacia la sucesión.
Toda crisis prolongada –y esta lo es– produce vacíos. Y los vacíos políticos rara vez permanecen vacíos mucho tiempo.
Por esta razón, en momentos de debilidad gubernamental, suelen reaparecer actores y símbolos políticos que recuperan fuerza gravitacional cuando el presente pierde la capacidad de ofrecer certidumbre.
La paradoja del gobierno es compleja: enfrenta simultáneamente la erosión económica y la reaparición de referencias capaces de capitalizar políticamente el vacío.
El verdadero riesgo para el gobierno no es la protesta. Es que el país comience a acostumbrarse a imaginar el poder sin él.
El autor es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario, analista político.