Bolivia debe condenar la violencia que persigue fines antidemocráticos

Ante movilizaciones y bloqueos que se han tornado violentos, con mayor énfasis en la sede de Gobierno y en la ciudad de El Alto, provocando además la muerte de personas en diferentes circunstancias, el senador representante del departamento de La Paz, José Ormachea, afirmó que la violencia coordinada con fines antidemocráticos debe ser rechazada por la población boliviana.
En criterio del legislador paceño, no son ningún secreto los intereses detrás de las movilizaciones que actualmente paralizan parte del eje central del país y buscan cercar la ciudad de La Paz con medidas de fuerza que amenazan la estabilidad del Estado boliviano.
“Ya sabemos quién los está provocando y con qué objetivos. Condenamos toda violencia que se esté dando en el país, condenamos la autoría material de estas muertes, sino también condenamos la autoría intelectual que va quedando claro con qué objetivos se están produciendo estos ignominiosos actos de violencia”, sostuvo Ormachea en una de sus intervenciones durante la 111 sesión ordinaria de la Cámara de Senadores.
Asimismo, advirtió que la coordinación en las movilizaciones realizadas en las últimas semanas, demuestran que se buscan fines totalmente antidemocráticos, mismos que deben ser rechazados por la ciudadanía.
Previamente, Ormachea había rechazado todos los actos de violencia registrados en diferentes puntos del país, recordando que uno de los principales puntos abordados durante el reciente Diálogo Nacional convocado por el Gobierno, fue evitar este tipo de actos imponiendo orden a través del cumplimiento de la norma.
“Lo ha dicho Manfred, lo ha dicho Quiroga, lo ha dicho Camacho y varios lideres políticos de nuestro país. Hay que poner orden, las reglas, disposiciones y códigos de nuestra justicia están ahí y debemos cumplirlos”, dijo.
Para el parlamentario paceño, son actos absolutamente repudiables y cavernarios aquellos que recurren a la violencia para amedrentar a la gente que se opone y resiste a los bloqueos que perjudican sus actividades productivas.
“Condenamos la violencia en todos los puntos del país, en La Paz, en Cochabamba, en Oruro, en Santa Cruz, en todas partes se tiene que actuar con el aparato público para dar con la verdad de los hechos, en cada una de estas situaciones. La condena es para toda la violencia cavernaria, barbárica y troglodita que se está dando en el país”, expresó Ormachea, quien ayer solicitó a la Cámara de Senadores un minuto de silencio en memoria de las personas fallecidas hasta el momento a causa de los bloqueos.
Esta semana, la expresidenta Jeanine Añez se refirió al tema de las medidas de presión y los actos de violencia con los que se busca desestabilizar a un gobierno legítimamente constituido, advirtiendo que el nombre de Evo Morales reaparece cada vez que se habla de esta temática.
Según la exmandataria, lo que comenzó con movilizaciones motivadas por la Ley 1720 y algunas reivindicaciones salariales, de a poco fue tornando en un objetivo mucho más político, todo con la finalidad de desestabilizar al gobierno y volver a someter al país a una lógica de confrontación permanente.
“Es imposible no recordar lo ocurrido en 2019, cuando, tras descubrirse el fraude electoral impulsado por su gobierno, Morales promovió una narrativa de confrontación y violencia. Se impulsaron cercos sobre la ciudad de La Paz, se bloqueó el abastecimiento de combustible y alimentos, posteriormente, durante la pandemia, incluso se impidió el paso de oxígeno, utilizando el sufrimiento de la población como un mecanismo irresponsable y macabro de presión política”, indicó Añez, a través de sus redes sociales.
En su análisis, observa que nuevamente existen señales preocupantes de un conflicto que deja de ser únicamente social o económico para mostrar un claro trasfondo político en el que las demandas fueron cambiando con los días, los bloqueos se radicalizaron y reapareció la estrategia del cerco, la presión y la confrontación.
“La protesta social es un derecho legítimo en democracia. Pero utilizar movilizaciones, bloqueos y cercos para intentar desestabilizar o derrocar a un gobierno constitucional cruza una línea peligrosa que amenaza el Estado de Derecho y la convivencia democrática”, señaló.
Para Añez, otra pregunta oportuna es saber de dónde provienen los fondos para sostener movilizaciones que se extienden por días y hasta semanas, tomando en cuenta que trasladar personas, mantener bloqueos, organizar logística y paralizar regiones enteras requiere recursos, porque nada de eso ocurre de manera espontánea ni gratuita.
“Evo Morales continúa operando desde su trinchera política, impulsado por una ambición de poder que parece no tener límites. Un expresidente sobre quien pesan graves denuncias y cuestionamientos, pero que continúa en la impunidad y buscando la manera de volver a controlar el país, aún a costa de profundizar la división, el conflicto y la inestabilidad”, precisó Añez.
Por lo expuesto, la exmandataria coincidió con los criterios que piden una urgente intervención del gobierno mediante la fuerza pública, en el marco de la Constitución y la ley. “Defender la democracia también significa denunciar a quienes intentan erosionarla desde dentro”, agregó, puntualizando que el país requiere de instituciones fuertes, respeto al voto y decisiones firmes para evitar volver a caer en ciclos de confrontación impulsados por intereses personales y ambiciones de poder.