La Justicia revocó la detención domiciliaria del exejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi y del expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, por lo que ambos deberán retornar a prisión: Huarachi al penal de Chonchocoro y Rojas a la cárcel de San Pedro.
La Sala Penal Cuarta de La Paz determinó en audiencia de apelación dejar sin efecto el beneficio de detención domiciliaria para el exsecretario de la COB, Juan Carlos Huarachi, que le había sido concedido en abril, por lo que deberá regresar a prisión mientras avanzan las investigaciones en su contra.
El caso está vinculado a presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y hechos de corrupción relacionados con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, por los cuales Huarachi ya había sido detenido y enviado a prisión en noviembre del año pasado. Posteriormente, un juez le había otorgado arresto domiciliario a finales del mes de abril.
Tras conocerse la determinación judicial emitida el lunes, el abogado denunciante, Abel Loma, pidió la inmediata intervención policial para ejecutar la recaptura y traslado del exdirigente al penal de Chonchocoro.
El jurista sostuvo además que existe un riesgo elevado de fuga, por lo que considera necesaria su reclusión preventiva mientras la Fiscalía continúa con las diligencias del caso. No descartó que el Ministerio Público pueda solicitar una ampliación del plazo de investigación.
CASO BCB
En paralelo, un fallo judicial modificó las medidas cautelares dentro del proceso que investiga presuntas irregularidades en la operación de bonos soberanos realizada en 2024, en la que están implicados exejecutivos del Banco Central de Bolivia.
En audiencia de apelación, una Sala Penal determinó revocar el beneficio de detención domiciliaria que había sido otorgado en una primera instancia y ordenó la detención preventiva en la cárcel de San Pedro para el expresidente del BCB, Edwin Rojas.
Las nuevas determinaciones también abarcan para el exgerente de Operaciones, Pascual Oswaldo Quelali; el exdirector Óscar Ferrufino y el exgerente de Política y Económica, Sergio Colque.
De acuerdo con el fiscal departamental Luis Carlos Torrez, la determinación judicial establece una reclusión preventiva de dos meses en tanto avanza la investigación, que apunta a un presunto daño económico superior a los 140 millones de dólares.
El caso se centra en la supuesta venta e intercambio de bonos soberanos a entidades financieras en condiciones que habrían sido desfavorables para el Estado, ya que, según la denuncia, las operaciones se realizaron a valores cercanos al precio de adquisición, cuando en el mercado estos títulos se cotizaban entre el 54% y 57% de su valor.
La audiencia cautelar de otros dos investigados tuvo resultados distintos: Rolando Olmos fue enviado con detención preventiva, mientras que Renán Franco recibió detención domiciliaria.
El Ministerio Público informó que ya se emitieron los mandamientos correspondientes para la ejecución de las medidas, por lo que la Policía debe proceder a su cumplimiento en el marco del proceso en curso.