¿De Estado soberano a santuario del crimen?

El eco de los disparos en las calles de Santa Cruz de la Sierra ha dejado de ser una anomalía para convertirse en la banda sonora de una realidad anómica. Lo que antes se percibía como sucesos aislados de inseguridad ciudadana es hoy la evidencia irrefutable de que Bolivia ha mutado. El país ya no es solo una zona de tránsito; se ha consolidado como un “hub” estratégico para las redes del crimen organizado transnacional, una central logística donde algunas mafias operan con una libertad que humilla a la soberanía nacional.
El brutal asesinato de un juez del Tribunal Agroambiental no es solo un crimen de sangre; es un mensaje político de estas mafias. Cuando el sicariato alcanza a los administradores de justicia en plena luz del día, lo que se está anunciando es la capitulación del Estado y del monopolio de la violencia. Las balas que perforan vidrios en Santa Cruz y los cuerpos que aparecen en cunetas son los síntomas de una metástasis institucional que tiene responsables con nombre y apellido.
Este escenario de descomposición no es producto del azar. Es el resultado de casi dos décadas de un populismo de izquierda que, bajo el disfraz de la “soberanía popular” y el “antiimperialismo”, desmanteló los mecanismos de control, expulsó a las agencias internacionales de inteligencia y politizó hasta el tuétano a las fuerzas del orden. Al debilitar las instituciones para perpetuarse en el poder, el “Proceso de Cambio” no hizo más que alfombrar el ingreso a las mafias internacionales. El Primer Comando de la Capital (PCC), el Comando Vermelho y cárteles de diversas latitudes han encontrado en Bolivia el puerto seco ideal, un territorio donde el Estado es un cómplice silencioso o un espectador impotente.
La consecuencia más terrible de este modelo es la fragmentación del territorio en «republiquetas». Se ha permitido la consolidación de zonas de exclusión donde la ley de la República no entra, pero impera la ley del caudillo. El ejemplo más claro es la región del Chapare, ese feudo blindado por el caudillo Morales, donde la estructura sindical funciona como un Estado paralelo. En estas zonas, la autoridad no emana de la Constitución, sino de la voluntad de un caudillo que ha hecho del control territorial un escudo para actividades que la justicia no se atreve a investigar.
Estos espacios son los nodos que permiten que el crimen organizado se sienta en casa. Si existen lugares donde la policía es expulsada a pedradas y donde no se puede fiscalizar la producción o el transporte, es natural que las mafias vean en Bolivia el centro de operaciones perfecto. El populismo entregó la llave de la casa a cambio de lealtades políticas, y hoy los bolivianos estamos pagando el alquiler con inseguridad. Bolivia sigue en riesgo de convertirse en un Estado fallido. Mientras el Gobierno insista en minimizar el sicariato, seguirá ignorando que cada bala disparada en Santa Cruz y cada juez caído es un clavo más en el ataúd de nuestra democracia. La recuperación del país pasa necesariamente por recuperar el territorio, disolver los feudos del caudillismo y cerrar las puertas que el populismo, por ceguera o por cálculo, decidió abrir de par en par al crimen organizado.