La creciente conflictividad social y los bloqueos instalados en diferentes rutas del país comenzaron a generar un impacto severo sobre el abastecimiento de alimentos, medicamentos e insumos médicos en el departamento de La Paz, mientras sectores políticos, empresariales y legislativos exigen medidas urgentes para restablecer el libre tránsito y evitar un mayor deterioro de la situación.
La sede de Gobierno permanece parcialmente cercada tras varios días de movilizaciones impulsadas por sectores afines a la Central Obrera Boliviana (COB), organizaciones sociales y grupos que demandan incremento salarial, soluciones a la crisis de combustibles, atención a pliegos sectoriales e incluso la renuncia del presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira.
En el plano político, el conflicto se desarrolla además en medio de pronunciamientos de sectores vinculados al cocalero, Evo Morales, cuyos seguidores mantienen una posición crítica frente al actual Gobierno.
Las consecuencias del bloqueo ya comenzaron a sentirse en mercados paceños, donde comerciantes y consumidores reportan menor disponibilidad de algunos alimentos y alzas graduales de precios. A ello se suma la preocupación por la interrupción del transporte de productos esenciales.
La Cámara de la Industria Farmacéutica Boliviana (Cifabol) alertó ayer que un camión que transporta oxígeno medicinal hacia La Paz permanece retenido en Patacamaya debido a bloqueos instalados en la carretera La Paz–Oruro.
“El suministro de oxígeno no se puede detener de ninguna manera, es un medicamento más que esencial porque es de uso de todas las instituciones de salud”, advirtió la entidad mediante un comunicado.
Posteriormente, el gerente de Cifabol, Josip Eguino, informó sobre un segundo camión cisterna con oxígeno retenido en Desaguadero. La institución exhortó a autoridades y representantes de los sectores movilizados a priorizar el diálogo y garantizar el paso irrestricto de medicamentos, oxígeno y otros productos indispensables.
La diputada, Cecilia Vargas, de la alianza Libre, denunció además que varias ambulancias enfrentan restricciones de circulación en al menos tres municipios paceños: Patacamaya, Pucarani y Copacabana. La legisladora pidió al ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, asumir acciones inmediatas para “hacer respetar el derecho a la libre transitabilidad y salvaguardar las vidas de los bolivianos”.
CISTERNAS
Al menos 1.200 cisternas con combustible de importación se encuentran afectadas debido a los bloqueos de carreteras en distintas regiones del país, informó este lunes el presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Sebastián Daroca.
La autoridad explicó que el diésel importado ingresa principalmente desde puertos del Pacífico hacia el occidente del país, con tránsito por el paso de Tambo Quemado. Sin embargo, advirtió que la continuidad de las medidas de presión podría afectar el normal abastecimiento en los surtidores.
“Tenemos casi 1.200 cisternas en el sistema de transporte que están afectadas”, afirmó Daroca.
El presidente de YPFB hizo un llamado a los sectores movilizados a levantar las medidas de presión y permitir el paso de los vehículos de transporte de combustibles y otros productos, al considerar que las demandas relacionadas con la calidad del combustible ya fueron atendidas.
“No tiene sentido que continúen bloqueando con solicitudes que ya van más allá de lo que ellos no habían pedido”, señaló la autoridad.
Según el último reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), se registran 38 puntos de bloqueo en la red vial nacional, 17 de ellos concentrados en carreteras estratégicas. La situación amenaza con profundizar el desabastecimiento y aumentar la presión inflacionaria sobre productos de primera necesidad.
En medio del conflicto, el dirigente cobista, Mario Argollo, el senador, Nilton Condori, y representantes de los Ponchos Rojos suscribieron un pacto de unidad en el que establecieron dos compromisos: no firmar acuerdos con el Gobierno y mantenerse movilizados “hasta que renuncie el presidente Rodrigo Paz”.
Mientras el Ejecutivo insiste en mantener abiertas las mesas de diálogo, crece la presión de sectores ciudadanos y económicos que demandan el desbloqueo inmediato de carreteras para evitar mayores pérdidas millonarias y una afectación más profunda a la población, particularmente en la ciudad de La Paz, donde el cerco vial comienza a impactar en el abastecimiento cotidiano y en servicios esenciales de salud.
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