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Modificaciones al Código Penal

Plantean paquete normativo contra el crimen organizado

Ante un alarmante crecimiento en hechos de violencia relacionada con el narcotráfico y otras actividades ilícitas en territorio nacional, la diputada por la alianza Libre, Sofía Rocha, anunció que presentará un paquete de leyes con las que se buscará fortalecer la lucha frontal contra el crimen organizado, además de brindar mayores herramientas legales al Estado para enfrentar esta amenaza.

Durante una reunión interinstitucional de emergencia, convocada por el Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, la legisladora representante de este departamento expresó su preocupación por la creciente ola de crímenes de extrema violencia registrados en las últimas semanas, con mayor énfasis en la región oriental del país y el trópico.

“Asumo el compromiso de impulsar y presentar un paquete de leyes orientadas a fortalecer la lucha frontal contra el crimen organizado y brindar mayores herramientas legales al Estado para enfrentar esta amenaza, reafirmando mi compromiso de mantener una coordinación interinstitucional constante para garantizar una respuesta contundente en defensa de la seguridad de la población boliviana”, declaró la parlamentaria, desatacando la importancia de luchar contra la violencia a través de acciones coordinadas y concretas.

El encuentro reunió a altas autoridades del Órgano Judicial, el Ministerio Público, la Policía Boliviana, la Asamblea Departamental, el Concejo Municipal, la Gobernación y representantes de distintas instituciones cochabambinas, en un contexto de constante alarma por el accionar del crimen organizado.

Finalmente, Rocha informó que este paquete de leyes incluye iniciativas para modificar el Código Penal boliviano, incorporando al sicariato como tipo penal autónomo; endurecer sanciones contra quienes obstruyan la justicia; fortalecer la normativa vinculada a ciudadanos extranjeros involucrados en actividades criminales; revisar aspectos relacionados con la tenencia de armas; y reforzar la protección institucional y jurídica de los efectivos policiales.

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