Maestros instalaron ayer al menos tres puntos de bloqueo en carreteras estratégicas del departamento de Santa Cruz, afectando el tránsito vehicular, el transporte de productos y la circulación de miles de ciudadanos que nada tienen que ver con el conflicto sectorial.
De acuerdo con el reporte de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), los cortes fueron instalados en el tramo Ipati–Boyuibe, específicamente en el sector del Puente Parapety; en la ruta Cuatro Cañadas–Puente San Pablo, a la altura de San Julián; y en el tramo Santa Cruz–Abapó, en el sector Mora, al final del puente Abapó. La entidad estatal recomendó a transportistas y viajeros extremar precauciones y tomar previsiones ante el cierre de vías.
Las protestas formaron parte de un paro de 24 horas del magisterio urbano y de 48 horas del magisterio rural, cuyos dirigentes exigen incremento salarial, mayor dotación de ítems y la construcción consensuada de una nueva ley educativa.
Sin embargo, mientras el sector demanda recuperar el poder adquisitivo, el impacto de sus acciones recae nuevamente sobre productores, transportistas, comerciantes, pasajeros y familias enteras que ven interrumpidas sus actividades por bloqueos que paralizan regiones completas.
La conflictividad no solo afecta la economía regional, sino también el propio sistema educativo que los movilizados aseguran defender.
La ministra de Educación, Beatriz García, convocó nuevamente al diálogo y cuestionó la suspensión de actividades escolares, al advertir que los días perdidos difícilmente son recuperados. “Estamos conscientes y sabemos que el magisterio pone por sobre todo al estudiante. Un día de clases perdido no se recupera”, lamentó la autoridad.
Aunque el derecho a la protesta está reconocido constitucionalmente, el uso recurrente de bloqueos como mecanismo de presión vuelve a generar cuestionamientos sobre sus consecuencias reales.
En un contexto de dificultades económicas y creciente malestar social, miles de ciudadanos vuelven a convertirse en rehenes involuntarios de conflictos sectoriales que, lejos de resolverse, terminan trasladando sus costos a la población trabajadora y a los propios estudiantes. (Santa Cruz, agencias)