Campesinos deben avanzar, no retroceder

El gobierno actual de Rodrigo Paz Pereira y los campesinos del país, se encuentran enredados en un conflicto debido a la promulgación de la ley 1720 que permite la conversión de la propiedad agrícola de pequeña a mediana. Este es un asunto decisivo para la vida de Bolivia.
El problema empezó hace unos sesenta años en el gobierno de René Barrientos Ortuño, que dictó medidas radicales que prohibían la venta de tierras a los campesinos parcelarios de todo el país. Ese problema fue relevado a rango de ley. Después el gobierno de Evo Morales Ayma introdujo esa prohibición en Constitución Política del año 2009, hoy vigente.
El gobierno de Paz, tocó el asunto en forma lateral y tímida en la ley 1720, disponiendo que la propiedad pequeña sea calificada como mediana, inclusive sin darse cuenta que estaba permitiendo que los campesinos propietarios de terrenos pequeños vendan sus tierras. Esa fue una medida económica democrática que, devolvía a los trabajadores del arado recuperar un derecho de propiedad. Pero esa medida es resistida por dirigentes campesinos afines al régimen “evista” ya caducado. Por tanto, al oponerse a la ley 1720, asumieron una actitud reaccionaria.
Los líderes opositores a esa ley, la COB y otros no han podido comprender el significado de esa disposición, aunque fuese vacilante, lo que demuestra la incapacidad de esa gente contraria a la democracia económica de la población rural del país. Lo que debían hacer, tanto los campesinos y la COB (evista), era pedir que esa ley de marras sea reformada y sirve de base para nuevas conquistas democráticas de los campesinos. Esa era la posición correcta de las organizaciones rurales a favor de sus “bases”. Pero ellos siguen mirando al pasado y eternizan la pobreza en el sector campesino. Parece muy difícil sacar ideas democráticas de dirigentes rurales y pedirles que propongan medidas hacia la libertad de las tierras y de los campesinos, como fue la Ley de Reforma Agraria de 1953.
La Asamblea Legislativa debe, en todo caso, adoptar esa disposición democrática a favor de las masas indígenas campesinas, hoy condenadas a la miseria más espantosa, porque quien no puede vender la tierra que le pertenece secularmente, no es propietario del terreno que les permiten desarrollar su existencia.
Finalmente, se debe subrayar una ley agraria que dice: “Dadle a un campesino la tierra en propiedad y la convertirá en un vergel. Dadle a un campesino la tierra en usufructo, la convertirá en un desierto”, que es, precisamente, lo que ocurre actualmente en Bolivia. De ahí que, la posibilidad de hacer avanzar hacia el progreso a los campesinos, está en manos de quienes reformen la ley 1720; pero, ¿quién le pone el cascabel al gato?