El problema de la Ley 1720 no es procedimental, sino constitucional

Ante posiciones encontradas respecto a los beneficios o amenazas en la vigencia de la Ley 1720, de conversión de tierras, la diputada por la alianza Unidad, Cecilia Requena Zárate, señaló que el error en la vigencia de la cuestionada norma es constitucional y no solo procedimental como aseguran quienes defienden su aprobación.
En declaraciones a la prensa, la legisladora paceña cuestionó que los promotores de la polémica norma enfoquen sus argumentos en que la ley no afecta derechos colectivos, cuando existe un problema de fondo como haber omitido pasos obligatorios como una correcta socialización antes de su aprobación.
“No se trata solo de un problema procedimental, lo que hay es un problema constitucional”, apuntó Requena.
En criterio de la legisladora, otro peligroso problema provocado a partir de la promulgación de la ley fue el distanciamiento generado entre la administración del presidente Rodrigo Paz y los sectores que posibilitaron su llegada al gobierno a través del voto en las pasadas elecciones generales.
Dicho distanciamiento permite que fuerzas políticas de pasados gobiernos tengan posibilidad de rearticularse a través de movilizaciones que capitalizan el descontento de los sectores en conflicto.
“Realmente debemos tener la hidalguía de reconocer que esta norma, por más que tenga beneficios para pequeños productores (…) es necesario encontrar una forma de recuperar los que se pueda recuperar, pero también retroceder en lo que se tenga que retroceder, se debe dar dignidad y respeto a las personas movilizadas por su derecho a la consulta”, dijo.
Sobre el polémico respaldo de agroindustriales a la vigencia de la Ley 1720, Requena advirtió que tiene posibilidades de beneficiar a pequeños productores; sin embargo, se necesita incorporar recaudos para evitar que termine siendo un mecanismo similar a las “leyes incendiarias” y se genere un nuevo desastre en diferentes ámbitos.
“Es necesario abrir un debate sobre el Régimen Agrario, pero hagámoslo bien, por ahora se deben reconocer los grandes errores que se han cometido”, finalizó.
La madrugada del sábado, la Cámara de Diputados aprobó, en grande y en detalle, el proyecto de ley que abroga la Ley 1720, de Reconversión de Tierras, remitiendo la normativa a la Cámara de Senadores para fines constitucionales de revisión.
La Ley 1720 generó controversia y movilizaciones en diferentes sectores del país, por lo que la Cámara de Diputados analizó las observaciones, especialmente de los pueblos indígena originarios campesinos y determinó abrogar la normativa.
Esta semana, el diputado supraestatal Bastian Giesse expresó su respaldo a la Ley 1720 y aseguró que continuará apoyando toda iniciativa que garantice el derecho de las y los bolivianos a trabajar, producir y progresar en libertad.
La autoridad señaló que existe la necesidad de profundizar la socialización de la normativa y abrir espacios de diálogo con los diferentes sectores involucrados.
“Somos conscientes de que se necesita socializar más esta ley, sentarnos en mesas de diálogo sinceras, sin actores externos que solo intentan desestabilizar al Gobierno”, manifestó.