Comunarios de Tariquía son declarados inocentes

“Se hizo justicia. La verdad siempre sale a la luz. Nunca hemos actuado como delincuentes, como nos han tildado. Gracias a los abogados que han sabido defendernos (…). Lloro de alegría porque esta injusticia no nos dejaba vivir. Gracias a Dios que se hizo justicia”, afirmó entre lágrimas la defensora ambiental Nelly Coca Flores, tras conocerse la absolución total de los 12 comunarios procesados por la defensa de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
Las declaraciones de Coca Flores marcaron el cierre de un proceso judicial que mantuvo en incertidumbre durante meses a los activistas acusados en el marco del conflicto por la exploración hidrocarburífera dentro del área protegida.
Minutos antes, el Juzgado Mixto del Tribunal de Sentencia del municipio de Entre Ríos emitió un fallo absolutorio en favor de los 12 defensores de Tariquía, quienes enfrentaban acusaciones por los presuntos delitos de impedimento al ejercicio de funciones, atentado contra la libertad de trabajo e instigación pública a delinquir.
El abogado defensor, Roger Ibarra, explicó que el tribunal determinó la inexistencia de pruebas suficientes para sustentar las acusaciones formuladas contra ocho de sus defendidos, situación que derivó en una sentencia absolutoria para la totalidad de los procesados.
“Se ha logrado el convencimiento al juez de Entre Ríos, de que no existen pruebas que mis defendidos habrían incurrido en los delitos de los que se les acusó. Por tanto, se ha logrado una sentencia absolutoria”, sostuvo el jurista.
Ibarra precisó que la lectura integral de la sentencia está prevista para el próximo 13 de mayo, advirtiendo que aún existe la posibilidad de que las partes acusadoras presenten recursos de apelación o casación, por lo que la defensa jurídica se mantendrá atenta ante cualquier nueva acción legal.
La sentencia de absolución “de culpa y pena” benefició a los activistas Ramiro Rodrigo Altamirano, José Andrés Miranda, María Nelly Coca, Juan Mendoza, Crispín Mendoza, Juanita Martina Mercado, Carlos Bersain Guerrero, Soraide Farfán, Elieceo Mendoza, Paulina Gareca, Félix Choque y Arcángel Coca.
El proceso judicial había sido impulsado a partir de denuncias presentadas por Petrobras Bolivia y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), en el contexto de la controversia por la exploración del pozo Domo Oso-X3 (DMO-X3), proyectado dentro de la Reserva Nacional de Flora y Fauna Tariquía.
La resolución judicial fue emitida tras una extensa audiencia que se prolongó por aproximadamente 15 horas.
Durante la fundamentación del fallo, el juez estableció que el Ministerio Público no logró demostrar, mediante elementos probatorios suficientes, la responsabilidad penal de los comunarios.
En el transcurso del juicio, la defensa técnica —respaldada por el Colegio de Abogados de Tarija— denunció presuntas irregularidades procesales, entre ellas notificaciones efectuadas mediante WhatsApp en comunidades donde, según argumentaron, no existe cobertura de telefonía móvil.
Luego de conocerse la decisión judicial, familiares y comunarios de Chuquiacá y Tariquía, apostados en inmediaciones del tribunal, reaccionaron entre lágrimas, abrazos y muestras de celebración. Los defensores ambientales ratificaron que su posición frente al ingreso de actividades extractivas en la reserva se mantiene firme.
“Se ha hecho justicia, pero la resistencia contra la entrada de las petroleras en el pulmón de Tarija sigue firme”, manifestaron los activistas al concluir la audiencia.
El fallo es considerado por sectores ambientalistas como un precedente relevante en Bolivia, al interpretarse como un freno a la criminalización de la protesta social vinculada a la defensa de áreas protegidas y recursos naturales. (Con información de Sumando Voces)