Llegué a clases y la realidad ya estaba sentada en los pupitres. No como tema, sino como presencia. Dirigentes de la marcha que se dirige a La Paz en rechazo de la Ley 1720 estaban ahí, en mi curso, escuchando –y siendo escuchados– en medio de un análisis que, hasta ese momento, era académico. La coincidencia fue demasiado precisa como para ser casual: la teoría se había adelantado a la práctica, o tal vez la práctica había decidido interrumpir a la teoría.
Les dije lo que pienso. Que la Ley en discusión no era neutra. Que abre la puerta a una forma de mercantilización de la tierra que tensiona –cuando no contradice– el espíritu de la Reforma Agraria en Bolivia. No es una afirmación cerrada. Es una lectura. Pero en Bolivia, las lecturas no se quedan en el papel: se convierten en posición, y toda posición entra en conflicto.
Al día siguiente, el conflicto ya no estaba en el aula. Había escalado. Estaba en la Universidad. Los mismos dirigentes anunciaban la toma del rectorado. ¿El motivo inmediato? La decisión de impedir que se alojen en aulas para dormir y coordinarse. ¿El argumento político? Que la Universidad Mayor de San Andrés se ha “derechizado”.
Ahí está el desplazamiento clave. El problema deja de ser logístico –dónde duermen– y se convierte en ideológico. Y cuando eso ocurre, ya no estamos frente a una discusión administrativa, sino ante una disputa por el sentido.
Porque la Universidad no es un espacio cualquiera. Es, al mismo tiempo, institución y símbolo. Tiene reglas, pero también historia. Defiende su autonomía, pero carga con una tradición de apertura a la movilización social. En esa tensión vive. Y en esa tensión se define.
El rectorado toma una decisión que puede leerse como orden: proteger infraestructura, evitar precedentes, mantener control institucional. Los marchistas la reinterpretan como cierre: exclusión, distanciamiento, alineamiento. No están discutiendo lo mismo, aunque hablen de lo mismo.
Eso es lo que está en juego: no el hecho, sino su significado. Y cuando el significado entra en disputa, aparecen las estrategias. La amenaza de toma no es solo una reacción. Es un movimiento calculado. Escalar el conflicto para forzar interlocución, ganar visibilidad, desplazar la agenda. Convertir un desacuerdo puntual en una cuestión de legitimidad.
Pero toda escalada tiene costos. Si la acción supera cierto umbral, el apoyo social puede diluirse. Y la institución, a su vez, puede endurecer su posición invocando legalidad. En ese punto, el conflicto deja de ser productivo y empieza a ser destructivo.
Lo que estamos viendo no es un episodio aislado. Es una secuencia. La tierra, que parecía un asunto sectorial, entra al aula. Del aula pasa a la institución. De la institución salta al plano ideológico. Y en ese recorrido, arrastra consigo algo más profundo: la pregunta por lo público. ¿Quién define qué es lo público? ¿Quién decide sus límites? ¿Quién tiene derecho a ocuparlo, a usarlo, a resignificarlo?
La tierra ya no es solo tierra. La Universidad ya no es solo Universidad. Ambas se convierten en escenarios de una misma disputa: la del sentido. Y ahí está el punto ciego del poder. Cree que administra conflictos cuando en realidad está perdiendo la capacidad de nombrarlos. Y cuando no se nombra un conflicto, no se lo ordena. Solo se lo padece.
El problema no es que la crisis no tenga nombre. Es que nadie tiene el poder de imponérselo.
El autor es expresidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, docente universitario, analista político.