Los conflictos y movilizaciones sociales en el país tuvieron un importante repunte entre enero y marzo, según se desprende del informe “Comportamiento de la conflictividad en Bolivia. Primer trimestre 2026” presentado por la Defensoría del Pueblo.
De acuerdo con el informe presentado en conferencia de prensa, Bolivia pasó de un promedio de 30 conflictos mensuales a 58 en lo que va del año, reflejando una tendencia creciente. Solo en marzo se reportaron 78 hechos de conflictividad, cifra que evidencia una escalada sostenida en comparación con enero (35) y febrero (44).
Del total registrado, 157 conflictos se mantienen activos y 19 corresponden a anuncios de nuevas medidas de presión. La Defensoría también destacó que participó en el 75% de los casos, actuando como facilitadora de diálogo entre los sectores en conflicto, en el marco de su mandato de promoción y defensa de los derechos humanos.
En cuanto a la distribución geográfica, La Paz concentra la mayor cantidad de conflictos con 47 casos, seguida de Santa Cruz con 28 y Cochabamba con 19. Sin embargo, uno de los elementos más relevantes del análisis es la expansión de la conflictividad hacia ciudades intermedias y áreas rurales, lo que refleja una profundización del descontento social más allá de los centros urbanos.
El informe identifica a los problemas económicos como el principal detonante de los conflictos, con especial énfasis en la calidad y escasez de combustibles. Este tema, que acumula al menos 29 casos, se ha convertido en el eje de una conflictividad que ha ido escalando en intensidad y extensión territorial.
La Defensoría explicó que las medidas de presión más recurrentes continúan siendo los bloqueos, con 60 registros, seguidos por paros y marchas. Según la institución, el bloqueo se consolida como el recurso más utilizado por los sectores sociales cuando sus demandas no son atendidas oportunamente, lo que evidencia fallas en los mecanismos de prevención y gestión de conflictos.
Uno de los aspectos más críticos señalados en la conferencia es la evolución del conflicto vinculado al combustible. Desde enero, cuando se reportaban apenas dos hechos relacionados, la situación se agravó progresivamente hasta alcanzar 31 eventos en abril. La problemática incluye denuncias por gasolina de mala calidad, falta de información oficial, incumplimiento de acuerdos con transportistas y ausencia de respuestas oportunas por parte del Estado.
En ese contexto, la Defensoría cuestionó la capacidad del Gobierno para gestionar la conflictividad, señalando que los problemas no están siendo atendidos en tiempos adecuados ni con mecanismos eficaces. “Un problema se está traduciendo en un conflicto y un conflicto en uno de alta intensidad”, advirtió la institución, al remarcar que la acumulación de demandas no resueltas amplifica el descontento social.
Asimismo, la entidad defensorial expresó su preocupación por la creciente percepción de incertidumbre en la población. Según indicó, existe una sensación generalizada de falta de claridad sobre el rumbo del país y las decisiones gubernamentales, lo que genera angustia e incluso cuestionamientos sobre la validez de los sacrificios que enfrenta la ciudadanía en la actual coyuntura.
Ante este escenario, la Defensoría del Pueblo planteó la necesidad urgente de que el Gobierno asuma una política de mayor transparencia, explicando de manera clara sus metas, plazos y estrategias. Además, recomendó la instalación de una mesa de diálogo que incluya a líderes políticos, representantes empresariales y organizaciones sociales, con el objetivo de consensuar una agenda nacional.
La institución concluyó que solo a través del diálogo y la participación se podrá encarar la actual coyuntura y evitar una mayor profundización de la crisis. Mientras tanto, el país enfrenta un escenario de creciente tensión social, en el que la resolución de conflictos se perfila como uno de los principales desafíos para la estabilidad democrática.