Bolivia atraviesa una de las crisis macroeconómicas más graves de su historia reciente y, según el analista y docente aniversario Oswaldo Irusta Díaz, tiene un tiempo corto, hasta junio, para firmar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que evite una recesión profunda en el segundo semestre de 2026.
El economista Oswaldo Irusta, en entrevista con EL DIARIO, advierte que “el acuerdo con el FMI debe ser rápido, antes de junio, porque existen predicciones de una recesión muy fuerte que se viene en el segundo semestre, que puede llegar hasta fin de año en una reducción del Producto Interno Bruto (PIB) en más de 3 puntos”. Esta alerta se da tras más de una década de déficit fiscal elevado y reservas internacionales en mínimos históricos, que han deteriorado la capacidad del Estado para sostener el modelo económico.
De acuerdo con Irusta, el Gobierno “debe reducir el déficit fiscal, lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y destrabar todo el marco regulatorio de las exportaciones para generar divisas en forma constante”.
El FMI, recordó, no solo ofrece financiamiento, sino que exige consolidación fiscal y reformas institucionales para garantizar la sostenibilidad de la deuda y el orden macroeconómico.
“Lo que exige el FMI antes de firmar un acuerdo es que se tenga un déficit fiscal bajo, es decir que se gaste menos del dinero que ingresa”, dijo.
“El déficit fiscal en Bolivia es de 12,2%, es uno de los más altos del mundo. Solamente para comparar, cuando en Argentina entra Javier Milei a la presidencia tenía un poco más de 5% de déficit”, apunta. Aunque el Ministerio de Economía proyecta un déficit cercano al 9% del PIB, para el analista “eso es todavía alto y el FMI no te da el visto bueno para el préstamo”.
“Bajar el déficit significa cortar, por ejemplo, la subvención al gas domiciliario, el precio de la gasolina, reducir el número de empleados públicos y además se deben crear compensaciones para la gente de menores ingresos”, puntualizó. Son medidas impopulares, pero una condición para recuperar el acceso al financiamiento externo y estabilizar las cuentas públicas.
Para nuestro entrevistado, “Bolivia está pasando por una crisis macroeconómica estructural que tiene su origen en la parte fiscal y la parte productiva”. Recordó que el modelo de bonanza se apoyó en los ingresos del gas natural, sin ajustar el gasto cuando esos recursos cayeron. La menor venta de gas redujo la entrada de dólares y el gasto público nunca se acomodó a esa nueva realidad.
En el frente cambiario, el Banco Central de Bolivia (BCB) introdujo un “tipo de cambio referencial” como transición desde el tipo de cambio fijo hacia un esquema más flexible, con el objetivo de atraer las divisas de los exportadores al sistema financiero y reforzar las reservas.
Irusta advirtió que las compras de dólares para sostener esa señal pueden generar presión inflacionaria y el problema de fondo sigue siendo la incapacidad de la economía.
HIDROCARBUROS
“Tenemos un sistema regulatorio bastante complejo que impide hacer nuevas exploraciones, la Ley de Hidrocarburos es una ‘ley tranca’ que ha desplazado totalmente a la inversión extranjera y eso es lo que se tiene que modificar”, sostuvo.
A su juicio, sin incentivos claros a la inversión y a las exportaciones, Bolivia seguirá perdiendo participación y divisas.
Las medidas que planteó Irusta son: un acuerdo rápido con el FMI, ajuste fiscal profundo, reformas regulatorias en exportaciones e hidrocarburos y sinceramiento del precio de los combustibles, las cuales, reconoció, son políticamente costosas.
“Los gobiernos que reciben crisis heredadas son impopulares porque las medidas que debe tomar afectan a la población y esto tiene un costo político”, afirmó. La resistencia a pactar con el Fondo responde a que “no se quiere pagar ese costo político y de popularidad, pero mientras más tiempo pase menos grado de libertad existe para que la economía reaccione rápido”.
