La denominada Ley Brisa, orientada a reforzar la protección de menores frente a la violencia sexual en Bolivia, genera alertas en el ámbito jurídico por posibles vulneraciones al debido proceso.
La penalista Adriana Pérez Durana, en entrevista con EL DIARIO, advirtió que la norma carece de sustento social y podría eliminar garantías como la presunción de inocencia.
Cuestionó la inclusión del consentimiento como eje del delito, lo que permitiría iniciar procesos sin pruebas materiales. También alertó sobre la imprescriptibilidad, que habilitaría denuncias décadas después, dificultando la defensa.
Señaló la existencia de vacíos, redundancias y la eliminación del estupro sin considerar contextos, advirtiendo riesgos de arbitrariedad e injusticias.
Desde el ámbito social y jurídico surgen advertencias que apuntan a un quiebre de las garantías fundamentales del sistema judicial, bajo el argumento de fortalecer la protección a las víctimas.
Ley Brisa genera alertas por riesgos al debido proceso
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