En menos de seis meses de gestión, el gobierno de Rodrigo Paz ha debido enfrentar una seguidilla de salidas en su equipo de alto nivel, con al menos ocho renuncias y destituciones que evidencian un arranque marcado por tensiones políticas y crisis sectoriales.
Entre los casos destacan un ministro de Justicia con sentencia por cohecho, un titular de Hidrocarburos debilitado por la crisis de combustible y una viceministra afectada por declaraciones polémicas.
En conjunto, estas situaciones —algunas más destacadas que otras— permiten comprender con claridad lo complejo y desafiante que es el escenario que enfrenta el Poder Ejecutivo, el cual se encamina a cumplir su primer semestre de gestión.
El primer golpe se produjo apenas iniciado el mandato, cuando Freddy Vidovic fue removido del Ministerio de Justicia el 20 de noviembre de 2025, tras confirmarse que contaba con una sentencia ejecutoriada por cohecho activo y favorecimiento a la evasión. Su salida no solo implicó el relevo inmediato de la autoridad, sino que además derivó en la eliminación de la propia cartera de Estado, lo que evidenció una decisión política de alto impacto institucional desde el inicio.
Meses después, en medio de la creciente tensión por el suministro de combustibles y cuestionamientos internos, Margot Ayala dejó la dirección de la Agencia Nacional de Hidrocarburos el 11 de febrero. Su renuncia estuvo acompañada de denuncias sobre un “ataque sistemático” atribuido a una presunta red de corrupción dentro de la entidad, lo que añadió un componente de conflicto interno al ya complejo panorama energético.
En marzo, la dinámica de cambios se aceleró. Andrea Barrientos renunció al Viceministerio de Autonomías el día 6, tras una controversia generada por declaraciones vinculadas a la estrategia 50/50, que provocó el rechazo de actores políticos y cívicos, especialmente en Santa Cruz. Apenas días después, el 17 de marzo, la vocera presidencial Carla Faval presentó su dimisión, bajo el argumento del comienzo de una “nueva etapa”, en un contexto en el que su gestión comunicacional había sido objeto de críticas persistentes por parte de diversos sectores.
El área de hidrocarburos se convirtió en uno de los focos más inestables del gabinete. Yussef Akly, quien asumió la presidencia de YPFB en noviembre de 2025, fue destituido el 30 de marzo tras apenas cuatro meses en el cargo, en un intento del Ejecutivo por contener la crisis derivada del combustible de mala calidad. Sin embargo, su reemplazo, Claudia Cronenbold, tampoco logró sostenerse en el cargo: asumió el mismo 30 de marzo y renunció el 22 de abril, advirtiendo un deterioro institucional “significativamente más profundo de lo previsto”.
La cadena de ajustes continuó el 22 de abril, cuando el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, fue cesado y reemplazado por Carlos Blanco. Su gestión estuvo marcada por cuestionamientos de distintos sectores debido a los problemas persistentes en el abastecimiento y calidad de los combustibles, uno de los principales puntos de presión sobre el Ejecutivo.
Finalmente, el 24 de abril se sumó la renuncia del viceministro de Seguridad Ciudadana, Rolando Montaño, quien argumentó dificultades de coordinación que le impidieron alcanzar resultados urgentes en su gestión, cerrando así un ciclo de salidas consecutivas en áreas estratégicas.
En conjunto, esta serie de renuncias y destituciones refleja un período de alta rotación en el aparato estatal, especialmente en el sector de hidrocarburos y seguridad, lo que evidencia las tensiones internas y los desafíos de consolidación que enfrenta el Ejecutivo en su etapa inicial. (Con información de Brújula Digital)