YPFB: colapso heredado y parálisis del cambio

La reciente posesión de Marcelo Blanco como ministro de Hidrocarburos, en sustitución de Mauricio Medinaceli, no es simplemente un cambio de nombres en el gabinete de Rodrigo Paz. Es el síntoma más agudo de una crisis energética que ha dejado de ser una amenaza futura para convertirse en una realidad cotidiana de filas en surtidores y motores averiados. La renuncia simultánea de la presidenta de YPFB, Claudia Cronenbold, quien advirtió un “deterioro estructural mayor al esperado”, confirma que en la estatal petrolera ya no solo faltan recursos, sino que hay una desarticulación institucional profunda.
La gestión del gobierno de Paz, a cinco meses de su inicio, ha optado por un relato de confrontación hacia la administración saliente de Arce. Si bien no se puede negar que la caída en la producción gasífera y la dependencia de combustibles importados se gestaron durante los años del MAS, la respuesta del actual Ejecutivo ha carecido de la agilidad que la emergencia demanda. Culpar a la “herencia” por la distribución de gasolina de mala calidad —que ha dañado miles de vehículos y forzado al Estado a pagar millonarias compensaciones— funciona como discurso político, pero no llena los tanques de la población.
El presidente Paz ha planteado un giro radical: devolver a YPFB su rol explorador y alejarla de la comercialización. Sin embargo, esta visión choca con una realidad operativa crítica. La empresa, descrita por exautoridades como una “bomba de tiempo”, enfrenta una escasez crónica de divisas que imposibilita garantizar el flujo regular de diésel y gasolina. En este escenario, la designación de Blanco —quien fungía como viceministro de Electricidad— parece más una medida de contención que una solución técnica de fondo.
La mirada crítica sobre el gobierno actual debe centrarse en su incapacidad para estabilizar el sector a pesar de contar con un diagnóstico claro. La propuesta de una nueva Ley de Hidrocarburos que busca atraer inversiones con tributos de hasta el 50% es un paso necesario, pero su socialización apenas comienza en un momento de máxima tensión social. Mientras el Ejecutivo se enfoca en reformas legislativas de mediano plazo, el ciudadano enfrenta el incremento de precios en energéticos como el GNV y la incertidumbre sobre el abastecimiento básico.
En suma, el cambio de mando en Hidrocarburos evidencia que la “cirugía mayor” que requiere YPFB no se puede posponer más con parches administrativos. Si el gobierno de Paz no logra trascender la retórica de la culpabilidad y ofrecer soluciones logísticas inmediatas para la crisis de combustibles, el sector que alguna vez fue el motor económico del país terminará siendo el lastre que hunda su estabilidad política. La soberanía energética no se recupera con decretos de emergencia, sino con una gestión que demuestre, de una vez por todas, que el cambio de timón tiene un rumbo claro y no solo un nuevo capitán.