Incoherente defensa a candidato indígena

Las elecciones subnacionales se realizaron el pasado 22 de marzo para elegir Gobernador, alcaldes de municipios, concejales y asambleístas. En el caso de la Gobernación de La Paz, ningún candidato consiguió la mayoría necesaria para ganar en primera vuelta, habiendo obtenido Luis Revilla de Sol.bo el 20.02 por ciento de votos y René Yahuasi el 9.18 por ciento, quedando con posibilidades para participar en una segunda vuelta. Pero al comenzar abril, el partido Nueva Generación Patriótica (NGP) retiró la candidatura de Yahuasi. Al ser declarado Revilla como gobernador electo, el excluido cuestionó tal determinación. Finalmente, la Sala Constitucional Segunda de La Paz rechazó el amparo que había pedido Yahuasi. Esa sala concluyó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) canceló de manera correcta el balotaje.
Poco después, el expresidente Evo Morales Ayma mediante redes sociales hizo una furibunda defensa de Yahuasi, como si se tratara de un candidato “evista”. Sin embargo, su postura resulta incoherente por varios aspectos. Dijo, por ejemplo, que Revilla, Gobernador electo, es rechazado por el 80 por ciento de la población de La Paz. Pero con esa misma lógica, se puede decir que Yahuasi tiene más del 90 por ciento de desaprobación, porque solo obtuvo poco más del 9 por ciento de votos. Y Morales olvida que la cantidad de votos blancos y nulos llega a la cifra de 425.400 en números redondos. Como se observa, el caudillo cocalero también anda muy mal en matemáticas.
En cuanto a que la mencionada decisión del TSE y la Sala Constitucional Segunda de La Paz, Morales afirma que así se “proscribe a candidatos indígenas” y también a los electores. Sin embargo, Yahuasi es representante de una agrupación política en formación y, por tanto, sin solidez. Además, la población paceña ha mostrado su desencanto con los candidatos y la mayor prueba de ello son las cantidades mínimas de votos que lograron. En tal situación, ¿por qué obligar a los paceños a acudir otra vez a las urnas?
En todo caso, es urgente hacer las modificaciones para que en próximas elecciones generales o subnacionales haya un reglamento mejorado y candidatos en menor cantidad y que realmente tengan merecimientos para ser autoridades municipales y departamentales.
También resulta cínica la declaración de Morales sobre que la Ley 026 no puede estar por encima de la Constitución o de una Convención Internacional, por lo que el TSE y la Sala Constitucional de La Paz serán acusados “por pisotear las leyes y los derechos humanos”. Y que se debe esperar que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos reparen una “escandalosa violación a los derechos democráticos de los bolivianos”. Y lo dice quien durante su gobierno ha violentado el ordenamiento legal, por ejemplo, para mantenerse a la fuerza en el poder y promover la política de “meterle nomás”, según los intereses del masismo, con apoyo de nefastos operadores de justicia. Además, el ahora risible “defensor de la legalidad”, es acusado por delitos contra menores y elude a la justicia atrincherándose en el Chapare, bastión cocalero.