Poseemos una extensa y documentada tradición en la realización de cumbres judiciales, hasta los innumerables foros, seminarios, congresos y otros de los últimos años, se ha generado una serie de diagnósticos y compromisos sobre la transformación del sistema. Sin embargo, a pesar de este arsenal de propuestas, la realidad objetiva revela un sistema judicial que persiste como uno de los más lentos, cuestionados y desconfiados de América Latina.
Esta contradicción responde a lo que la ciencia política denomina «política como teatro»; según Edelman (1988), los sistemas suelen producir actos rituales que crean la apariencia de acción sin alterar las estructuras de poder subyacentes. Las cumbres de justicia se han convertido en instituciones performativas: eventos que cumplen la función política de demostrar preocupación oficial, pero cuyo valor se agota en la declaración misma, como resultado, la producción de documentos sustituye la transformación de conductas, permitiendo que el sistema se legitime simbólicamente mientras mantiene intactas sus prácticas de fondo.
La evidencia de este fenómeno es contundente, la CIDH (2023) señala que, desde el año 2000, Bolivia ha adoptado muchos planes anticorrupción y múltiples reformas procesales, no obstante, el índice de confianza en el Órgano Judicial se sitúa en un crítico 14%, el más bajo del Estado, según el Latinobarómetro (2023). Esta disparidad confirma una tesis incómoda: la justicia padece de un «fetichismo normativo», la creencia de que los problemas sociales se resuelven mediante la promulgación de leyes, ignorando que una norma es tan efectiva como la integridad de la persona encargada de aplicarla.
Para comprender esta falla, es útil la distinción de North (1990) entre instituciones formales e informales, las leyes y reglamentos solo son efectivos cuando los valores y normas culturales –las instituciones informales– los refuerzan. En nuestro país, la norma informal del prebendalismo y el soborno suele prevalecer sobre lo escrito, el funcionario conoce la ley, pero su conducta es guiada por un entorno que premia la lealtad grupal o el beneficio privado por encima del deber público. Sin una alineación ética entre la norma y el operador, cualquier reforma es, en esencia, un edificio construido sobre arena.
Desde la economía institucional, Acemoglu y Robinson (2012) sostienen que las reformas fracasan cuando no alteran los incentivos reales de los actores, una reestructuración que cambia códigos, pero mantiene los incentivos que invitan a la corrupción o a la dependencia política producirá simplemente el mismo sistema con un ropaje moderno. Este fenómeno se conoce como «isomorfismo institucional»: las organizaciones adoptan formas externas requeridas –nuevos edificios, sistemas informáticos o manuales de ética– para proyectar modernidad, mientras preservan lógicas de funcionamiento venales y clientelares.
El estancamiento del sistema también se explica por lo que Habermas (1998) describe como la falta de legitimidad sustantiva, las leyes a menudo percibidas por sus propios operadores como ajenas o solo procedimentales, carentes de un vínculo moral que las haga vinculantes por convicción. Cuando el derecho se despoja de su dimensión ética, se convierte en un obstáculo que debe ser «eludido» o «negociado», de ahí que el cambio institucional genuino requiera no solo una revisión técnica del derecho, sino una transformación en la cultura y la disposición ética.
En este sentido, el desarrollo moral de los operadores de justicia es el cimiento olvidado de toda reforma. Kohlberg (1992) demostró que el razonamiento ético evoluciona desde la obediencia por temor hasta la adhesión a principios universales; el drama de la justicia es que muchos de sus actores operan en estadios primarios, donde las decisiones se rigen por el cálculo de beneficios personales o la sumisión a redes de poder. Formar técnicos jurídicos sin carácter ético es entregar herramientas de poder a individuos que carecen de la brújula necesaria para resistir las presiones del entorno.
A esto se suma la «desconexión moral» analizada por Bandura (1999), mediante mecanismos como la difusión de la responsabilidad o la justificación de que «todos lo hacen», los operadores judiciales logran cometer actos de corrupción sin experimentar culpa. Esta merma de la conciencia permite que personas que se consideran honestas reproduzcan prácticas que dañan sistemáticamente al ciudadano. Por ello, la recuperación de las «virtudes» –como la justicia y la valentía propuestas por MacIntyre (1981) — es indispensable; una institución es fuerte solo cuando sus miembros han interiorizado principios que no dependen de controles externos.
Ante este panorama de un «Estado empantanado», es evidente que la solución no vendrá de una nueva cumbre, sino de una estrategia tridimensional; la primera debe ser la instauración de una carrera judicial estrictamente meritocrática, la elección popular de magistrados, vigente desde 2011, ha demostrado ser un experimento fallido que politizó la justicia y debilitó la excelencia académica.
La segunda requiere que la formación ética deje de ser un evento aislado para convertirse en el eje transversal de la carrera judicial, la educación debe centrarse en la resolución de dilemas morales y en la reflexión crítica sobre el impacto social de la labor jurisdiccional.
Finalmente, el sistema debe garantizar consecuencias reales e inevitables para la prevaricación, como en cualquier organización, los valores de la justicia no son los que figuran en sus manuales, sino los que se reflejan en lo que el sistema efectivamente sanciona; sin castigo a la corrupción, la ética es solo decoración.
El autor es politólogo-abogado y docente universitario.
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