Cuestionando que el Ejecutivo haya promulgado la ley 157, pese a todos los cuestionamientos y advertencias de distintos sectores de la población, la diputada oficialista Helen Patiño, afirmo que fue un error dar paso a una norma que afecta directamente a pequeños productores, favorece a grandes terratenientes, amenaza la seguridad alimentaria y generará un grave impacto medioambiental en el país.
En declaraciones a la prensa, Patiño lamentó que por no escuchar las observaciones que se plantearon contra esta norma, ahora distintos sectores han anunciado el inicio de movilizaciones porque se sienten afectados.
“Campesinos y pueblos indígenas obviamente van a manifestarse y lo van a hacer hasta donde la norma se los permita (…). Las tierras son de los indígenas y de los campesinos, ahora se vienen protestas a nivel nacional por no oír al pueblo”, sostuvo la legisladora representante del departamento de Santa Cruz.
Según Patiño, el rechazo del sector campesino a la Ley 157 se basa principalmente en que nunca hubo un proceso de socialización que genere algún tipo de vínculo directo con la gente respecto a los beneficios o efectos que se esperan a partir de su implementación, lo que se entiende como un desconocimiento hacia quienes poseen, viven y producen en las tierras en cuestión.
Otras observaciones tienen que ver con el posible impacto medioambiental derivado de cambios en el uso tierras y el desorden que puede generarse al tratar de hacer una conversión en plazos reducidos, cuando instancias encargadas de esta tarea tardan años en proceder con dicho proceso.
“En diez días se pretende hacer la conversión de pequeñas a medianas, cuando en más de diez años el INRA no tuvo la posibilidad ni la capacidad de ir hasta los municipios y comunidades para hacer una verificación in situ. Va ser un tiraje de papeles que viene y van, eso es muy delicado. No estamos hablando de tierras nuestras, sino de las tierras del campesino, de las tierras del productor que mañana pasado se va ver muy perjudicado por este tipo de determinaciones”, añadió.
Para Patiño, es reprochable que se hable de supuestos beneficios para pequeños productores respecto al acceso a créditos sobre la garantía de sus tierras, cuando la norma solo posibilita la embargabilidad de la propiedad, lo que representa un peligro para pequeños productores en comparación con grandes terratenientes. ·Esta es una línea delgada que no se debe cruzar”.
“Cuando la gente se quede sin su tierra nos vamos a quedar sin alimentos porque ellos son los directos proveedores para nuestras casas y existe peligro de que pase lo que ocurre en otros países, donde se acude a comprar la producción externa para alimentar a su gente. No creo que eso se quiera en Bolivia”.
Ayer, señalando que las movilizaciones anunciadas contra la vigencia de la Ley 157 son producto de la desinformación al respecto, el senador por la alianza Libre, Branko Marinkovic, principal impulsor de la norma, responsabilizó a organizaciones no gubernamentales por influir en poblaciones campesinas supuestamente afectadas.
“Esa es una marcha de mala información de parte de ciertas ONGs que están confundiendo a los campesinos en Pando que son de tierras comunitarias a los cuales la ley no los afecta en nada”, dijo el senador, anunciando investigaciones para identificar a las organizaciones que, en su criterio, desinforman a la gente.
El miércoles, la Ley 157, norma que autoriza al Instituto Nacional de Reforma Agraria reclasificar a pequeñas propiedades como medianas para acceder a créditos, fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz durante un acto con el sector agropecuario de Santa Cruz.
Durante el acto, Paz negó que la norma sea usada para quitar la propiedad a pequeños productores, como acusan algunos sectores. “Aquellos que tienen tres, cuatro hectáreas de uva, no pueden acceder a un crédito, hoy día van a poder acceder a un crédito y no van a depender del empresario, van a depender de sus propias capacidades, van a depender de sus propiedades de la seguridad de que esa propiedad suya y la puede usar para potenciar y desarrollar sus capacidades”, sostuvo.
Desde la Defensoría del Pueblo, mediante nota oficial, se exhortó al ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, a convocar de manera urgente a un proceso de diálogo con los sectores campesinos que iniciaron movilizaciones en rechazo a la norma.
Asimismo, se advirtió sobre la necesidad de priorizar mecanismos democráticos y pacíficos de gestión de conflictos, en resguardo de los derechos humanos, en particular el derecho a la participación, a la consulta previa, libre e informada, y al acceso a la tierra de las comunidades campesinas.
Una movilización iniciada el pasado 7 de abril por la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Pando, desde el municipio de Porvenir con destino a la ciudad de La Paz, expresa su rechazo a la norma debido a que, según sus representantes, no se habría garantizado el derecho a la consulta previa, libre e informada, ni procesos adecuados de socialización.
Los sectores movilizados manifestaron su preocupación por los posibles efectos de la norma en el acceso a la tierra y la seguridad jurídica, considerando que en el INRA de Pando se encuentran en trámite aproximadamente 250 solicitudes de dotación de tierras por parte de comunidades campesinas, lo que podría agravar situaciones de vulnerabilidad y desigualdad en el acceso a este derecho.