InicioSeccionesEditorialBlindaje de las urnas y agonía de la justicia

Blindaje de las urnas y agonía de la justicia

¿Está Bolivia en un nuevo capítulo de su eterna tensión entre la legitimidad electoral y el rigor de la ley? Los recientes triunfos de Leonardo Loza en la Gobernación de Cochabamba y de César Dockweiler en la Alcaldía de La Paz, no deben leerse únicamente como victorias administrativas. En el ajedrez político nacional, estos resultados pueden representar un peligroso espaldarazo político para Evo Morales, cuya situación judicial pende de un hilo que el Gobierno parece no querer cortar por temor a la reacción de sectores antidemocráticos. ¿Será el éxito de sus alfiles en las plazas más importantes del eje troncal un escudo de impunidad que impida su justa captura?
El triunfo de Loza en el bastión cocalero reafirma el control territorial del «evismo» sobre el corazón de Bolivia, mientras que el ascenso de Dockweiler en la sede de Gobierno le otorga una caja de resonancia política inigualable. Sin embargo, el entusiasmo de las bases no puede ser canjeado por silencio procesal. Evo Morales tiene una orden de aprehensión vigente y debe, por imperativo legal, comparecer ante un juez para responder por las graves denuncias en su contra. Ignorar este mandato bajo el pretexto de una supuesta «paz social» derivada de los resultados electorales es, en esencia, admitir que en Bolivia el voto tiene la facultad de absolver delitos y de que el Estado de Derecho no se ha restablecido.
El Gobierno nacional se encuentra en una encrucijada moral: o hace cumplir la ley o termina de consolidar la idea de que existen ciudadanos por encima de ella. Permitir que Morales utilice estos triunfos electorales como una plataforma de blindaje político es un insulto a las víctimas que buscan justicia. La captura del exmandatario no es una opción política, sino un deber constitucional. La Policía y el Ministerio Público no pueden seguir postergando la ejecución de un mandamiento judicial simplemente porque los números en las urnas favorecieron a sus aliados. La democracia se debilita cuando las instituciones se arrodillan ante el caudillismo triunfante.
Si el Ejecutivo continúa dilatando la aprehensión, estará enviando un mensaje devastador: que la popularidad política es un salvoconducto para la evasión judicial. Los triunfos de Loza y Dockweiler deben ser gestionados en el ámbito de la administración pública, pero nunca deben interferir en los estrados judiciales. Bolivia no puede permitirse otro ciclo de impunidad disfrazada de estabilidad política, como el que hubo durante la bonanza desperdiciada en los años del MAS.
Es hora de que el Estado recupere su autoridad. Evo Morales debe ser capturado y presentado ante la justicia para que un juez determine su responsabilidad de lo que se lo acusa. Cualquier otra salida no será más que una claudicación ante la fuerza de lo fáctico, del hecho, recordándonos que, en este país, a veces pesa más una marcha, un bloqueo de carreteras o un resultado electoral que la propia Constitución Política del Estado. La justicia no se negocia en las urnas; se imparte en los tribunales y de manera igual para todos.

ARTÍCULOS RELACIONADOS
- Advertisment -

MÁS POPULARES