El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, presentó ayer el paquete económico para paliar los primeros efectos de la guerra en Irán. En total, 5.000 millones de euros en 80 medidas destinadas a rebajar la factura eléctrica, reducir el precio de la gasolina y reforzar el escudo social, que podrán ampliarse en caso de que sea necesario.
Según el jefe del Ejecutivo, estas medidas “no van a impedir que los efectos de esta guerra ilegal lleguen a España, pero los harán menos erosivos y más llevaderos”.
El Consejo de Ministros extraordinario estaba convocado a las 9:30 horas, pero comenzó dos horas más tarde de lo previsto por discrepancias entre los socios de coalición en materia de vivienda. Sumar reclamaba incluir la congelación de los alquileres en el decreto anticrisis, algo que lleva semanas descartado la parte socialista. El propio Sánchez se implicó personalmente para desencallar la situación, negociando directamente con la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Luego del acuerdo entre PSOE y Sumar, el paquete económico estará formado por dos decretos ley: uno con rebajas de impuestos, al que se agrega el control de márgenes empresariales que también pedía Sumar; y un segundo con la congelación de los precios del alquiler, que se negociará en las próximas semanas con los grupos y que previsiblemente tumbará Junts cuando se vote en el Congreso.
“Somos conscientes que no existe aún una mayoría parlamentaria para poder validarlo, no por ello el Gobierno de coalición progresista va a renunciar a dar una respuesta también a la emergencia habitacional que sufre buena parte de la ciudadanía española”, dijo.
En total, el paquete anticrisis beneficiarán directamente a las tres millones de empresas y los 20 millones de hogares de España, según cálculos del Ejecutivo. Está previsto que las medidas entren en vigor hoy, una vez se publiquen en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
ESCUDO SOCIAL
Ante la espera de conocer la foto completa, Sánchez destacó que el plan incluye una rebaja de impuestos sobre la electricidad de un 60%. Entre otros, se reducirá el IVA desde el 21% actual al 10%; el impuesto especial de la electricidad, del 5,11% al 0,5%; y se suspenderá temporalmente el impuesto a la producción eléctrica, que está en el 7%.
Respecto a los carburantes, el paquete anticrisis incluye una bajada del IVA que afecta al precio de la gasolina y el diésel, del 21 al 10%, “hasta el mínimo que permite la Unión Europea”. Esto se va a traducir, señaló el presidente, en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante. También se reducirá al 10% el IVA aplicable al gas natural, a los pellets y a la leña, y se congelará el precio máximo de venta del butano y del propano.
A su vez, el decreto incluye la deducción en el IRPF por obras de mejora de la eficiencia energética de viviendas y por la adquisición de vehículos eléctricos “enchufables” y de pila de combustible, y de puntos de recarga.
Fuera del ámbito fiscal, el Gobierno prohibirá a las empresas que reciban ayudas públicas despedir a los trabajadores por razones económicas. Incorpora la prórroga hasta diciembre de 2026 del bono social eléctrico y se “reforzará de forma sustantiva” el bono social térmico. Por último, se prohíbe el corte de suministros de electricidad, gas y agua a los consumidores más vulnerables, algo que no salió adelante en el último escudo social que se votó en el Congreso en el mes de febrero.
En cuanto a las medidas dirigidas a las empresas, se bonificará en un 80% los peajes eléctricos para las industrias más expuestas al shock energético, lo que “ayudará a ahorrar 200 millones de euros y mantener cientos de miles de empleos”, expresó Sánchez. Además, se otorgará una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible a transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores de nuestro país, y una bonificación equivalente para la compra de fertilizantes.
CONSEJO DE MINISTROS
El jefe del Ejecutivo compareció tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario y después de haberse reunido en las últimas semanas con los agentes sociales, los sectores afectados y los grupos políticos para recabar y consensuar las propuestas.
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reunió el jueves con todos los grupos, a excepción de Vox, para presentar el paquete. Desde el PP adelantaron que no respaldarán el decreto ley sobre medidas de vivienda, mientras que el otro de medidas anticrisis lo analizarán “en profundidad” para decidir su voto.
Una vez aprobado por el Consejo de Ministros, el decreto ley pasa al Congreso de los Diputados, donde se votará el próximo jueves 26. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, avanzó en Los Desayunos de RTVE y Efe que el plan de respuesta solo incluirá aquellas medidas que cuenten con el consenso de sus socios de investidura, con el fin de asegurarse de que salgan adelante, aunque a última hora tuvieron que ampliarlo por las discrepancias con Sumar.
“Cuando el plan entre en vigor, España se convertirá en el país con el mayor escudo social y económico de toda la UE, en respuesta a esta guerra ilegal que no avalamos”, reivindicó, para después volver a reclamar “su cese inmediato”.
“Tenemos que hacerlo todos, también los partidos políticos, exigiendo que se respete el derecho internacional y repitiendo ‘no a la guerra’”, agregó. (RTVE)