Al margen de la polémica por el combustible defectuoso y las sospechas de sabotaje al interior de la estatal de yacimientos, el abogado Eduardo León denunció la existencia de una presunta conspiración política y criminal, a cargo de exautoridades cercanas al masismo, que se estaría reorganizando desde centros penitenciarios del país para desestabilizar al gobierno democráticamente electo de Rodrigo Paz Pereira.
León aseguró que personas investigadas o detenidas por presuntos hechos de corrupción y presuntamente vinculados a lo que denominó la “organización criminal” del Movimiento al Socialismo (MAS) estarían articulando acciones que van dirigidas “del sabotaje a la conspiración y de la conspiración a la desestabilización” para generar condiciones de ingobernabilidad.
“Hemos identificado que, desde las cárceles, donde está gente achacada, investigada, imputada y detenida preventivamente por hechos de corrupción, se están reorganizando –y lo hemos venido denunciando– con la finalidad de realizar un proceso de ataque violento al Gobierno para que estas acciones confluyan en una desestabilización del sistema democrático”, afirmó el jurista en el podcast Diálogo en Panamericana.
Según León, la estrategia tendría como objetivo provocar una crisis económica y política que debilite al Ejecutivo. En ese marco, mencionó a manera de ejemplo la reciente polémica por el combustible presuntamente adulterado que generó daños en los motores de miles de vehículos, situación que —según dijo— podría responder a un esquema de sabotaje contra sectores estratégicos del Estado.
LOS ARTICULADORES
El abogado señaló a varias exautoridades y figuras políticas como presuntos articuladores, entre ellas el expresidente Luis Arce Catacora, a quien acusó de “conspirar desde la cárcel”; el exgerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores; la exdiputada, Lidia Patty; y la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, Claudia Castro, todos ellos actualmente detenidos preventivamente, investigados por varios procesos que van desde corrupción o desvío de recursos públicos hasta consorcio judicial.
León también mencionó a exautoridades del anterior gobierno como los exministros de Justicia, Iván Lima Magne; de Gobierno, Hugo Moldiz y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana; a quienes atribuyó un supuesto rol de articulación política y operativa y a quienes señaló como “los encargados de articular a estas bandas criminales para detonar al Gobierno”.
“¿Dónde están el señor Lima Magne, el señor Moldiz, el señor Quintana? Estos son los encargados de articular a estas bandas de criminales para detonar al Gobierno. Por eso, no es casual que este sabotaje ya no sea sabotaje, sino que sea una verdadera conspiración existente contra el gobierno legítimamente establecido”, añadió León.
Mencionó además que el expresidente y exlíder del MAS, Evo Morales, estaría ejecutando otras acciones desde el Trópico como parte de la misma estrategia política para recuperar el poder. León se refirió a Morales como un “pedófilo imputado” y un “delincuente con orden de aprehensión” que estaría “limándose las uñas” para retomar el gobierno.
DISPUESTOS A TODO
El abogado pidió al Órgano Ejecutivo adoptar medidas urgentes para evitar el posible regreso de estas cúpulas de poder al igual que lo ocurrido en 2019, cuando –según su lectura– el “masismo” regresó después de un gobierno interino que no logró frenarlo y que ahora buscan atentar contra la estabilidad democrática.
“El Gobierno no se está enfrentando a cualquier persona, tienen que entender que ya se ha pasado del sabotaje a la conspiración. No es gente de tercera o cuarta línea, sino gente determinada a asumir el gobierno y el poder, cueste lo que cueste. (…) No es posible que cometamos el mismo error del 2019 y permitamos la rearticulación de estos núcleos de poder”, señaló el jurista.
Frente a esta amenaza de desestabilización organizada, asegurando que continuará investigando y denunciando irregularidades, León convocó a la ciudadanía a defender una democracia ganada a costa de muchas vidas y libertades, ahora flanqueada por una “organización criminal” a la que no le interesa la vida y está dispuesta a todo con tal de retomar el poder.
“Hay que alertar al Gobierno y a la población de este país que está dispuesta a pelear por la democracia, como hemos peleado por la democracia. Dejar pasar por alto lo que ocurre en una institución (YPFB), mientras se mantienen esos grupos que filtran información, reciben órdenes o ejecutan mandatos que vienen desde otros niveles criminales, es algo muy grave y tiene que ser corregido por la salud de la democracia y por la seguridad del Gobierno”, sentenció el abogado.
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