Importante primer paso para reforma judicial

Hablando a calzón quitado, la situación en la que dejaron al país los gobiernos del MAS, durante veinte años, tiene que ser considerada como catastrófica y donde se toque salta el pus. En ese sentido, hoy es tan grande la acumulación de problemas de toda naturaleza, que es difícil saber por dónde empezar, para atender la curación de enfermedades que dejaron a su paso, en décadas de satrapía que no se puede olvidar. Ese es el peso más duro que debe soportar un nuevo equipo gobernante.
Uno de los asuntos de mayor magnitud, en tal sentido, es el judicial, que es objeto de reclamos permanentes, desde que ascendió al poder el MAS en el año 2006 y cuyos dirigentes ahora no quieren reconocer. En efecto, el sistema de justicia se convirtió en un instrumento de gobiernos masistas. Todos sus niveles estaban a merced de los intereses del estamento gobernante y los operadores de justicia estaban a sus órdenes, pero no solo para eso, sino para destruir la Nación.
Uno de los aspectos más graves que puso en práctica ese mecanismo político fue anular, en su totalidad, la independencia del Poder Judicial y que, a la vez, ese organismo esté al servicio del partido gobernante y satisfaga los intereses de sus jilacatas. Todos los asuntos debían ser resueltos según los deseos del gobernante de turno, Evo Morales o Luis Arce. Inclusive asuntos de mejor cuantía estaban bajo control del partido azul.
La cuestión era de conocimiento de la opinión pública, que pedía reforma judicial y de la administración de justicia, a la brevedad posible, pero solo recibía ofertas de palabra o indiferencia. Algunos opositores y la opinión pública levantaron la voz con persistencia, aunque nada cambió en los hechos.
Ante ese pantanoso problema, solo se pudo conseguir algún resultado mediante la insurrección popular o elecciones generales. Era necesario erradicar el cáncer. En efecto, en los últimos tres meses, un nuevo gobierno ha decidido enfrentar el problema y, hasta el momento, ha procedido en ese sentido.
Por ello el nuevo orden de cosas que tiene el país, ha permitido cambios sustanciales en el sistema judicial. Uno de ellos es que el Estado reconoce la independencia de poderes. Pero, al respecto, lo primero que ha hecho es no intervenir en las actividades del Poder Judicial y dejar que funcione según principios legales.
Se trata de una reforma fundamental el retorno a la independencia del Poder Judicial, que no debe volver a desaparecer. Significa un paso decisivo para el país. Sin embargo, damnificados no quieren ver ese cambio, porque, por supuesto, no hay peor ciego que el que no quiere ver, ni sordo que no quiere oír.
En todo caso, la reforma de la justicia debe retomar su dinámica, pues hay mucho por hacer, como cambiar la designación de magistrados por voto universal y, en cambio, adoptar un nuevo sistema que, desde las universidades, cree profesionales en Derecho por competencia interna, en la misma forma en que se produce en otras instituciones.
Los problemas son graves e incontables, pero, ¡al toro por las astas!