Dos exinterventores de Epsas son acusados por crisis hídrica en 2016

Hugo Ramiro Gómez Quispe y Rudy Rojas Fernández, exinterventores de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (Epsas S.A.), además de Benecio Quispe Gutiérrez, exdirector de la AAPS, son acusados por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y atentado contra la seguridad de los servicios públicos, por la crisis hídrica que afectó a 94 barrios de la ciudad de La Paz, en 2016, según acusación a la que EL DIARIO tuvo acceso.
Entre noviembre de 2016 a febrero de 2017, Epsas S.A. se vio forzada a efectuar un racionamiento del líquido vital a 94 barrios de la ciudad de La Paz, siendo que gran parte de los reservorios presentaban niveles de agua muy por debajo de lo normal, debido a los efectos del cambio climático y la falta de previsión técnica operativa.
Ese extremo y la falta de una adecuada estrategia comunicacional, ocasionó la desinformación de la población, generando una sobredemanda del consumo de agua potable, llegando a provocar el corte del servicio a importantes zonas, principalmente al sur de la urbe paceña.
Las innumerables denuncias y largas filas para obtener el líquido elemento de los pocos carros cisterna que se dispusieron en su momento, obligó a las autoridades del sector del agua y el Gobierno de entonces a asumir medidas para evitar se agudice el caos y la zozobra en la población.
Una de las medidas inmediatas del Gobierno de entonces fue la destitución del entonces Interventor de Epsas (Ruddy Rojas) y del director de la AAPS (Benecio Quispe), además del control de la distribución de agua a cargo del Ejército de Bolivia.
A raíz de ese problema que afectó a miles de paceños, algunas autoridades gubernamentales, asambleístas y vecinos de la zona sur de La Paz, plantearon denuncias formales ante el Ministerio Público, por los perjuicios ocasionados.
En junio de 2017, el Ministerio Público emitió la resolución de imputación formal contra Rojas, Moreira y Quispe, en 2018 la imputación se amplió contra Gómez, a quienes se les encontró suficientes elementos que los vinculaba con la falta de atención que evite una crisis del agua, siendo que los dos exinterventores conocían el informe No. 015/2016 referente al Plan de Contingencia y límites bajos de los reservorios del líquido vital.
SOBRESEIMIENTO
A la conclusión de la etapa de investigación, la comisión de fiscales resolvió el sobreseimiento de Alexandra Moreira, siendo que la exautoridad estableció que la provisión del servicio corresponde a Epsas, instancia que tiene la responsabilidad directa de captar, tratar, distribuir y garantizar la calidad y cantidad del agua, y que estas operan bajo la regulación y supervisión de la Autoridad de Fiscalización de Agua Potable y Saneamiento (AAPS) que tiene atribuciones técnicas y legales para controlar su funcionamiento.
OTRAS AUTORIDADES
En criterio de José María Herbas Postigo, investigador y consultor en agua, este proceso debió involucrar a otros exinterventores, gerentes y jefes encargados del almacenamiento y producción de agua por la permanencia laboral de muchos años en la empresa, como trabajadores en niveles de decisión y planificación, hacen ver que la crisis no se presenta de un momento a otro, ya que es de evaluación permanente, sobre la base de los datos de décadas, el comportamiento de los períodos de lluvia y los efectos del cambio climático.
“La planificación estratégica debió generar inversiones en obras que garanticen la acumulación de agua, es decir, no se tomó en cuenta la construcción de nuevas represas con anterioridad, no se realizaron obras estructurales con anterioridad, por ello exinterventores como Humberto Claure, exgerentes como Tomás Quisbert que conocían el comportamiento hídrico no alertaron y no aseguraron obras de envergadura que prevea la acumulación de agua para periodos secos y de falta de lluvia, ocasionados por el fenómeno del niño”, indicó en contacto con EL DIARIO.
Herbas lamentó que, de 2016 a la fecha, las exautoridades del sector no hayan promovido una adecuada planificación que evite una nueva crisis del agua, tomando en cuenta que este fenómeno se presenta cada 10 años.
“A la fecha solo se nombraron interventores al calor del favoritismo político, permitiendo que la Central Obrera Regional de El Alto designe interventores, gerentes y directores de la AAPS, sin criterio y experiencia para enfrentar estos retos y contingencias, como el sucedido el año 2016”, aseveró a tiempo de aclarar que las actuales autoridades deben planificar y garantizar el agua para los próximos 30 años.