El 95% de las empresas estatales operan con pérdidas económicas

El panorama de las empresas públicas en el país revela un panorama crítico. Según la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de Empresas Estatales, a partir de un diagnóstico previo, identificó que 64 de las 67 compañías del Estado registran pérdidas económicas, dejando la sostenibilidad del sector en manos de solo tres entidades —YPFB, ENDE y Comibol— que, pese a generar utilidades, operan aún por debajo de los estándares internacionales de eficiencia.
La sostenibilidad de las empresas estatales pende de un hilo, solo tres generan beneficios. Mientras YPFB, ENDE y Comibol se mantienen como los únicos pilares con utilidades, la Oficina Técnica de Fortalecimiento advierte que 64 empresas públicas operan bajo déficit. La brecha de rendimiento es crítica, situando incluso a las empresas rentables lejos de la eficiencia global.
El director ejecutivo de la entidad, Pablo Camacho, informó que 14 empresas públicas se encuentran en “quiebra técnica” al registrar pérdidas que superan su capital de inversión inicial. Entre las unidades más deficitarias destacan la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba), Quipus, Papelbol, YLB y la Empresa de Servicios Aéreos.
La autoridad fue taxativa al lamentar el destino de los Bs 11,5 millones, provenientes de los fondos públicos destinados para el fortalecimiento de empresas estatales. “Estos recursos no pertenecen a los gobiernos, como al parecer se creía en las gestiones pasadas, sino a cada boliviano”, afirmó al señalar que el capital se diluyó en proyectos carentes de impacto económico.
El lastre financiero de las estatales supera los 8.000 millones de bolivianos. Una cifra que, en palabras del ejecutivo, representa un costo de oportunidad crítico. “De haber existido una administración eficiente, el país habría experimentado una transformación económica sin precedentes”, dijo.
Puntualizó que existen varios casos, en los que son evidentes los malos manejos administrativos; puso como ejemplo a la Empresa de Servicios Aéreos Bolivianos que agoniza financieramente. Con un déficit que devora el 90% de su patrimonio original (47 millones de bolivianos perdidos frente a las 52 iniciales), la compañía mantiene fuera de servicio sus dos aeronaves de rescate, dejando desatendidas las tareas de emergencia e incendios forestales en el país.
“Estos helicópteros son vitales para la atención de emergencias y el progreso regional; sin embargo, hoy languidecen por falta de mantenimiento”, denunció al observar la negligencia financiera heredada.
Para el responsable de la Oficina Técnica, la creación de empresas públicas bajo la gestión pasada careció de rigor técnico. Firmas como Quipus y Papelbol son, a su juicio, el ejemplo de una gestión volcada al simbolismo ideológico: estructuras sobredimensionadas que priorizaron la imagen gubernamental sobre la rentabilidad, sin ofrecer resultados tangibles al país.
Las empresas estatales se transmutaron en deficitarias, a pesar del apoyo de los gobiernos de la última década. Mientras el sector privado navega en un ecosistema de plazos rigurosos y tasas de mercado, el manejo de los recursos públicos en Bolivia revela una realidad paralela. Casos como el de la Empresa Azucarera San Buenaventura ponen de manifiesto una brecha competitiva alarmante, como la concesión de períodos de gracia flexibles que alcanzan hasta los 13 años para el pago de créditos estatales.
Esta flexibilidad económica, financiada con reservas del Banco Central o fondos del Tesoro, actúa como un salvavidas prolongado que no existe para el emprendedor o la industria privada, quienes deben rentabilizar sus operaciones en fracciones de ese tiempo. Más que un apoyo al fomento industrial, este escenario evidencia un manejo desigual de los recursos, donde la eficiencia operativa se posterga bajo la sombra de beneficios crediticios inalcanzables para el resto del aparato productivo nacional.
Este informe técnico de 140 páginas definirá el futuro de las empresas estatales. El documento, que se encuentra en manos del gabinete de ministros del actual gobierno, activará auditorías integrales para detectar daños económicos y posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales.
El informe, además, revela vencimientos de deuda que urgen reprogramación. Ante este escenario, según Camacho, se analizará la situación de las empresas caso por caso y bajo el rigor de la Ley 466, que es específica y cierra las puertas a rescates estatales que carezcan de fundamento técnico.