YPFB descarta sobreprecio en compra de combustibles

Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) rechazó las acusaciones de un supuesto sobreprecio en la compra de combustibles y advirtió que estas versiones buscan desviar la atención de los verdaderos casos de corrupción de gestiones pasadas.
La respuesta institucional surge tras la denuncia formal presentada por el diputado Rolando Pacheco (Alianza Popular) contra el presidente de YPFB, Yussef Akly. El legislador señala presuntas irregularidades en los procesos de adquisición de carburantes, abriendo un nuevo frente de fiscalización sobre la estatal petrolera.
La respuesta de la petrolera estatal no se hizo esperar. A través de un reporte oficial, YPFB tildó el suceso de cortina de humo y aseguró que recurrirá a la justicia para preservar su nombre, apuntando a que el trasfondo real es desviar la atención de los desfalcos de administraciones previas.
El legislador denunció un presunto sobrecosto en la gestión de crudo: según sus cálculos, operar mediante una empresa nacional reduciría el precio del barril a $us 9,10, frente a los $us 20,18 pactados con Trafigura. Esta diferencia representaría un daño económico al Estado de $us 4 millones mensuales.
“En YPFB no se pagan sobreprecios”, enfatizó la estatal petrolera a través de un comunicado. En el documento, la empresa advirtió sobre la existencia de “versiones tendenciosas” que buscarían desprestigiar su gestión institucional.
En el marco del proceso de suministro de crudo y condensado para el mercado interno, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos informó que la empresa Trafigura presentó los precios más bajos para las locaciones DAP Arica y DAP Pocitos. No obstante, la estatal aclaró que la recepción de estas ofertas no garantiza, por el momento, la suscripción de contratos formales.
Al respecto, la estatal aclaró que aún no se ha suscrito ningún contrato con Trafigura. La compañía subrayó que el proceso —al igual que otros trámites similares— permanece en una fase de revisión técnica, jurídica y documental.
El legislador Pacheco formalizó una denuncia penal contra el presidente de YPFB, bajo cargos de conducta antieconómica, incumplimiento de deberes y contratos lesivos al Estado. Según el parlamentario, las irregularidades en los precios de adquisición representan un “perjuicio directo” al erario nacional.
“Buscamos determinar responsabilidades de fondo”, aseveró Pacheco, quien exigió una auditoría rigurosa a los procesos de contratación de la estatal petrolera para transparentar el manejo de las finanzas públicas.
El legislador recalcó que existe una brecha de precios alarmante: mientras el barril de producción nacional se cotiza en 9,10 dólares, la importación a través de la firma Trafigura eleva el costo a 20,18 dólares. Esta disparidad representa un daño económico mensual estimado en 4 millones de dólares, una sangría financiera que —según advirtió— exige una fiscalización inmediata a la gestión de YPFB para salvaguardar el patrimonio estatal.
El diputado Pacheco puso bajo la lupa los contratos previos con Botrading, firma señalada por irregularidades en el pasado. “Botrading, cuyos cuestionamientos provocaron la huida del anterior presidente de YPFB, ahora suscribe acuerdos con la transnacional Trafigura”, detalló el legislador.
Ante estos antecedentes, Pacheco exigió una auditoría urgente a las operaciones de la estatal petrolera, argumentando que el historial de la compañía compromete la transparencia de los nuevos convenios.
Para la diputada Claudia Herbas, estas anomalías no son meras coincidencias, sino indicios de corrupción que el Gobierno pretende desestimar como anacronismos. “No pueden escudarse en que eran otros tiempos”, cuestionó la parlamentaria, quien sostiene que la integridad de los contratos es la única barrera real contra el daño económico al Estado.
Hasta la fecha, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos ha optado por el hermetismo ante las denuncias sobre sus recientes operaciones. La estatal petrolera no solo ha evitado justificar la brecha de precios en las transacciones con Trafigura, sino que mantiene bajo reserva los antecedentes de los contratos previos.
Este silencio administrativo ha intensificado la presión de la bancada de Alianza Popular, cuyos legisladores exigen una fiscalización inmediata y transparencia en el manejo de los recursos públicos.