Tras una verificación realizada a 68 unidades educativas del país, la Defensoría del Pueblo evidenció serias deficiencias y signos de deterioro en las infraestructuras, desde falta de baños diferenciados hasta rajaduras y filtraciones en techos y paredes, un problema que vulnera los derechos fundamentales de los estudiantes.
“Encontramos un común denominador: la existencia de limitaciones en la infraestructura escolar. Reportamos techos y paredes húmedas, como sucede en Potosí; también, la falta de baños diferenciados para hombres y mujeres, lo que obliga a los estudiantes a ingresar a un mismo espacio sanitario, limitando su intimidad y su dignidad”, sostuvo el defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
En Santa Cruz, Beni, Potosí y Pando, distintas delegaciones defensoriales reportaron signos graves de deterioro: falta de acceso a agua potable y electricidad; desprendimiento de cerámica en suelos y mueblería en mal estado; filtraciones y riesgo de derrumbe en techos; o humedad, grietas y rajaduras en las paredes.
Callisaya advirtió otro problema alarmante: la sobrepoblación escolar. Según el informe, en Riberalta (Beni), los colegios de los siete distritos presentan sobrepoblación; y en Potosí, una unidad alberga a más de 600 estudiantes en los tres ciclos.
Esto se suma a 143 denuncias registradas sobre negativas a la inscripción de estudiantes, cobros irregulares y otros aspectos que, según la Defensoría, mellan el acceso al derecho a la educación. También en Riberalta, una madre de familia denunció que no quisieron recibir estudiantes pertenecientes a una casa de acogida. En Chuquisaca, hubo reclamos por la negativa de inscribir a estudiantes con sordera y autismo.
Ante ello, Callisaya recordó que garantizar el derecho a la educación es una obligación del Estado, “no un favor”, y afirmó que los gobiernos municipales deben encargarse del debido mantenimiento de establecimientos educativos.
La autoridad exhortó a las autoridades educativas a “generar espacios de control” y promover que se enseñe a valorar las diferencias, para así eliminar barreras contra la inclusión de poblaciones en situación de vulnerabilidad. También recomendó implementar “planes de convivencia pacífica” para construir una sociedad libre de discriminación.