El régimen del populismo al socialismo que nos gobernó durante dos décadas, en ese largo tiempo construyó una estructura de poder del Estado, para tenerlo bajo su absoluto control, siguiendo las ideas del señor Álvaro García Linera, expuestas en las redes en 2006 y cuyo resumen se expresó en la Tesis de Orinoca, que ha sido el catecismo del régimen durante todo el tiempo de su gobierno. Estas ideas se inspiraron en las expuestas por el fundador del partido comunista de Italia e ideólogo Antonio Gramsci, que propuso la hegemonía del poder al acceder al mismo.
García Linera en su propuesta expuso la necesidad de judicializar la política, que fue el mecanismo de control político, mediante la represión política-judicial, para lo cual se defenestró a magistrados y jueces y se los reemplazó por gente de absoluta confianza partidista, lo mismo en el Ministerio Público, de tal manera que el órgano Judicial perdió su carácter de independencia y se puso al servicio del régimen.
La ocupación del aparato administrativo de gobierno y la influencia y control de todas las actividades privadas, fue la nota destacable del régimen del populismo al socialismo. Ninguna designación o nombramiento en el aparato del Estado, se hizo sin el “aval político”, es decir la venia y conformidad del partido. Los gobernadores y alcaldes que fueron elegidos por el voto en las elecciones de 2010, fueron echados de sus funciones, acusados de innumerables supuestos actos delictivos, y procesados judicialmente, precisamente por los jueces y fiscales a su servicio.
En el decurso de las casi dos décadas del gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), cientos de ciudadanos fueron perseguidos judicialmente, muchos de ellos encarcelados e incluso se dio el caso de un señor, que siendo funcionario del FONDIOC, institución creada para financiar proyectos en el área rural, denunció graves hechos de corrupción. Al denunciante le iniciaron alrededor de dos centenas de procesos judiciales, lo encarcelaron y provocaron su muerte ante semejante represión.
Jefes y oficiales de las Fuerzas Armadas, que en diversos hechos de violencia contra gobiernos democráticos, en cumplimiento de su deber y de órdenes superiores, comandaron la fuerza militar para controlar esos actos, fueron procesados, encarcelados y retirados de sus funciones –a las que llegaron luego de una larga carrera–, porque así interesaba al gobierno populista. Así, luego de la caída del gobierno de Sánchez de Lozada en 2022, en la caída y renuncia a la presidencia de Morales Aima en 2019, y proceso a jefes militares. En 2019 se inventó la “cantaleta” del golpe, cuando fue el pueblo que ante el grosero fraude en las elecciones, se echó a las calles en protesta durante 21 días.
El último caso, fue el supuesto golpe militar en junio del pasado año, cuando el saliente comandante de ejército, muy cercano al presidente, ocupó la plaza Murillo, pero en el mismo acto dijo que esa acción fue por orden del entonces presidente, para darle cierto barniz ante el deterioro de su figura. Varios destacados jefes militares, fueron procesados por la justicia ordinaria, retirados de sus funciones y, en algunos casos, retirados de la institución.
Los jueces y fiscales serviles, olvidaron que, en el ordenamiento militar, se dan órdenes que deben cumplirse y esas órdenes provienen de los mandos superiores. En consecuencia, sus actos militares responden a ese ordenamiento, pues nadie puede hacer lo que se le ocurra, sin una orden previa. No se ha investigado en profundidad, el tal golpe de junio, pero si han sido detenidos algunos supuestos autores.
Todo el aparato del Estado, ha sido ocupado por individuos del régimen populista, que aún hoy, pese al cambio de orientación del gobierno, permanecen en sus funciones. La mayoría de la ciudadanía votó por el “cambio”, no solo de política económica, sino por el retorno al “estado de derecho”, el orden de las instituciones, una administración de justicia independiente para frenar la corrupción que nos ahoga, y la vigencia de las libertades y derechos democráticos que fueron conculcados.
El cambio demandado, debe comenzar por la remoción de las autoridades y funcionarios que sirvieron partidariamente al anterior régimen de gobierno, pues son los individuos los que mueven el aparato del Estado y ponen en ejecución las políticas de gobierno. Una “renovación” judicial y administrativa debe ser encarada, si hay voluntad de cambio en las nuevas autoridades elegidas en las elecciones de noviembre pasado.
El autor es Abogado, Politólogo, escritor y docente universitario.