Tras conocerse que ya suman 12 muertes de personas en cooperativas mineras en apenas un mes de 2026, la asambleísta departamental, Azucena Fuertes, denunció que la inacción de varias instituciones del Estado en temas de seguridad y derechos humanos perpetúan ciclos de precariedad y muerte en el sector minero, junto con un sistema de subcontratación que desprotege a los trabajadores.
“Este escenario exige una intervención urgente del Ministerio de Trabajo y de las Defensorías de la Niñez y Adolescencia. Sin embargo, pese a denuncias públicas incluso de la Defensoría del Pueblo, las acciones han sido mínimas o inexistentes. (…) Este no es solo un problema laboral, es un problema de derechos humanos, de Estado y de futuro”, señaló Fuertes en una nota de prensa.
La asambleísta alertó sobre la realidad invisible del sistema de subcontrataciones en este rubro, donde los obreros de segunda mano y jornaleros asumen su labor sin acceso a salud, seguridad ni jubilación. Cuando mueren, las parejas de los obreros retornan al campo o se instalan en zonas periféricas y envían a sus hijos adolescentes al mismo trabajo, reproduciéndose el círculo vicioso de precariedad y muerte, según Fuertes.