Luego de haber sido notificados con un Auto Constitucional que ordena la cancelación de la personería jurídica de Acción Democrática Nacionalista (ADN), la Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE), oficializó la anulación de la sigla política de esta organización, al no haber alcanzado al menos el 3% del total de votos válidos en las Elecciones Generales 2025.
Dicha determinación había sido suspendida en su momento debido a la interposición de una acción concreta de inconstitucionalidad, promovida por ADN, hasta la emisión del pronunciamiento constitucional que, también implica la cancelación de la personalidad jurídica de las alianzas políticas que se conformaron con este partido político como integrante.
“Las alianzas políticas no individualizan ni registran formalmente sus candidaturas en función a la organización política de pertenencia de cada candidato, sino que lo hacen bajo una identidad política común, lo que reafirma su naturaleza unitaria e inseparable. En consecuencia, la existencia jurídica de una alianza política solo puede sostenerse con la concurrencia plena de la totalidad de sus componentes, por lo que, al haberse cancelado la personalidad jurídica de una de ellas, se extingue el pre-supuesto esencial y la razón de ser de su constitución, determinando necesariamente la cancelación de su personalidad jurídica”, señala un pronunciamiento.
Respecto a la situación Unidad Cívica Solidaridad (UCS), otro partido que no alcanzó un porcentaje mínimo en las elecciones generales 2025, para conservar su sigla, el presidente del TSE Gustavo Ávila, explicó que esta organización política también recurrió al TCP para evitar la pérdida de su personería, sin embargo, hasta la fecha no existe un pronunciamiento oficial al respecto.
“Hasta este momento solo se han pronunciado en relación a ADN, cuando se pronuncien por UCS se va a tomar la determinación que el Tribunal Constitucional ordene”, indicó.
El artículo 190 de la Ley 026, de Régimen Electoral, establece de manera expresa que la preclusión implica que los procesos electorales no pueden ser anulados por ninguna causa ni ante ninguna instancia, consolidando así la seguridad jurídica, la estabilidad del sistema democrático y la intangibilidad de las decisiones adoptadas válidamente en el marco del calendario y las competencias electorales.