Ante el debate por el tratamiento de una ley que sancione el bloqueo de caminos como forma de protesta, la diputada por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Catherine Pinto, propuso que una norma de este tipo sea el resultado de un pacto entre ciudadanos, cuyo objetivo principal sea evitar perjuicios contra la población y el aparato productivo del país.
“Tenemos que socializar la ley antibloqueo, porque debe ser un pacto entre ciudadanos para que no se perjudique el aparato productivo. Nos bloqueamos entre bolivianos, nos perjudicamos entre nosotros mismos”, afirmó la legisladora.
Asimismo, instando a no omitir ninguna etapa en el análisis de la referida norma, sobre todo la respectiva socialización, Pinto se refirió a los planteamientos que buscan someter a un referendo la promulgación de la ley contra los bloqueos, afirmando que esta posibilidad sería lo ideal para conocer el sentir de la población ante una medida que ha provocado mucho daño a la economía nacional.
“Alguien hablaba de una consulta popular, un referéndum, mejor aún. Se tiene que hacer un referéndum nacional con el tema de la ley antibloqueo, para ver si los ciudadanos están a favor o en contra. Sería lo más adecuado para saber qué es lo que opina la mayoría de la gente”, añadió.
El lunes, el diputado Carlos Alarcón afirmó que se debe evitar la confrontación entre bolivianos y desterrar el mito nefasto de que la Central Obrera Boliviana representa a la totalidad de la población.
“No es necesario llegar a los extremos de violencia a los que nos tienen acostumbrados estos sectores de minorías violentas y eficaces. En última instancia, aprobada la ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional se podría convocar, antes de la promulgación por el Presidente, a un referéndum con el que el pueblo soberano, a través de su voto en las urnas, defina si se acepta o rechaza esta ley”, sostuvo.
Desde la alianza Libre, el diputado Rafael López, señaló que el tratamiento de una ley para sancionar los bloqueos no debe ser un instrumento para reprimir las protestas sociales, sino para garantizar el tránsito de los productos entre regiones, así como de ambulancias y personas que necesiten atención médica.