Sin duda, después de veinte años de gobiernos masistas, etapa nefasta que comenzó en 2006 –con un breve intervalo por el surgimiento de un gobierno transitorio– y que acabó el año pasado, con la derrota electoral de Luis Arce Catacora, el país ha quedado en crisis económica, política, social, etc.
Como consecuencia de tal situación, han quedado sin solución numerosos problemas, como la alarmante reducción de reservas monetarias, la pérdida de poder adquisitivo del boliviano, la escasez de dólares, la desaparición paulatina de empleos formales, el crecimiento del contrabando, de la minería ilegal, los avasallamientos a tierras fiscales y de orden privado, el deterioro de las instituciones públicas debido a problemas como la inoperancia y la corrupción, y muchos otros.
Por ello, la población espera que, con el nuevo gobierno de Rodrigo Paz Pereira, esos problemas comiencen a ser encarados para ser resueltos. Como es obvio, se necesitará tiempo de acuerdo con la dimensión de cada problema. En tal sentido, en el campo económico se ha eliminado la subvención a la gasolina y el diésel, la que implicaba una grave sangría para el erario nacional, además de que favorecía inclusive a sectores ilegales.
Sin embargo, en este caso, el gobierno ha encontrado feroz resistencia en organizaciones sociales lideradas por la COB, quienes, con la medida del destructivo bloqueo de caminos, han logrado que sea abrogado el Decreto Supremo 5503, que incluía varias medidas económicas. Por ello, desde la opinión pública se advierte que como resultado de este conflicto queda en entredicho la gobernabilidad de ahora en adelante.
Por otra parte, no se sabe mucho sobre qué pasará con otros asuntos de gran importancia, por ejemplo, en las áreas de salud y educación, entre otros. En el primer caso, son frecuentes las quejas de pacientes sobre las carencias que encuentran en centros de salud públicos, donde falta personal médico y medicamentos, entre otros. También se ha pedido varias veces que se encuentre la forma de evitar que cada enfermo tenga que hacer filas o esperar semanas o meses para recibir atención sanitaria.
En el campo educativo, la falta de infraestructura es hasta ahora un problema sin solución, pues no es raro que se informe sobre unidades educativas que necesitan urgentes reparaciones, especialmente las que están en zonas alejadas. Y durante los gobiernos del MAS se ha tratado de imponer una currícula que estaba orientada, sobre todo, al adoctrinamiento socialista o a improvisar materias. Además, ya el magisterio ha anunciado que no garantiza el inicio del calendario escolar porque pide salario mínimo vital con escala móvil.
Ante este panorama, cabe esperar que el nuevo gobierno, al margen de conflictos internos, logre encarar de la mejor manera esos y otros problemas a fin de encontrar soluciones que beneficien a la mayoría de la población y no solo a ciertos sectores de los que se sospecha intenciones políticas, para causar desestabilización.