Diputado plantea democratizar la pauta publicitaria estatal

A través de la reposición del Proyecto de Ley de Distribución Equitativa de Recursos Públicos Destinados a Propaganda y Publicidad Estatal, el diputado por la alianza Unidad, Carlos Alarcón, afirmó que es necesario democratizar la pauta publicitaria, tomando en cuenta las características y el alcance de cada medio.
En conferencia de prensa, Alarcón explicó que su propuesta está dirigida al nivel central del Estado, buscando que los recursos públicos anualmente destinados a la contratación de publicidad estatal sean distribuidos equitativamente, sobre todo entre medios de comunicación privados, respetando las características y particularidades de cada empresa de comunicación.
Asimismo, puntualizando que debe diferenciarse a los medios formales (prensa escrita, radio y televisión), de aquellos que usan nuevas tecnologías y la red Internet para llegar a su audiencia, el legislador planteó que sean las propias asociaciones de la prensa y de sus trabajadores, las instancias que establezcan los protocolos de distribución y asignación de pauta publicitaria.
“En función al derecho a la autorregulación que reconoce la Constitución Política del Estado, cada año, sobre la base del Presupuesto General del Estado se pueda hacer esta distribución equitativa según las características de cada medio de comunicación”, sostuvo.
Según Alarcón, la idea principal de su propuesta busca generar una democratización de todos los medios de comunicación, con especial énfasis en los privados, respecto al acceso a recursos estatales procedentes de publicidad.
Entre las bases de su propuesta destaca que ningún medio debe ser excluido de acceder a estos recursos, sin importar su alcance o el costo de sus operaciones, “por más pequeño que esta sea”, respetando principios de equidad y teniendo presente que se trata de recursos de todos los bolivianos.
Otro aspecto destacado por el legislador tiene que ver con que la cantidad de recursos para medios privados debería ser el doble de los recursos asignados a los medios estatales, tomando en cuenta que estos generalmente concentran sus contenidos en publicidad favorable al gobierno.
“Los medios privados expresan un mayor pluralismo democrático en la difusión de información y son diferentes canales de expresión destinado a diferentes públicos, por lo que la asignación debe ser el doble de la asignación que se da a los estatales”, puntualizó.
En su criterio, la idea central es que cuando cada institución del nivel central presente su presupuesto anual al Ministerio de Economía, se consigne en una partida específica los recursos que serán destinados a la contratación de propaganda publicidad, y sobre esa base, una vez aprobado el Presupuesto General anual, se remitan estas asignaciones a las asociaciones de medios y periodistas para proceder con una distribución equitativa en base a protocolos propios.
“Tomando en cuenta a medios formales como radios, prensa escrita y televisión, así como los nuevos medios que tienen que ver lo multimedia, internet y plataformas digitales. Obviamente no estamos hablando de tiktokers, sino de periodistas que utilizan estos medios para llegar a sus audiencias”, dijo.
Alarcón lamentó que este proyecto y otros presentados por su persona, hayan sido guardados y archivados durante la pasada legislatura.
En marzo de 2024, un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre Bolivia, tomó nota de las denuncias sobre la distribución con sesgo político de la publicidad estatal entre los medios de comunicación, por lo cual recomendó establecer un marco normativo que regule este tema sin discriminación.
“Adoptar un marco normativo integral sobre la distribución de la publicidad oficial, sin discriminación y sin interferencia en las políticas editoriales de los medios, y que incentive a los medios de comunicación que sean independientes de la política de publicidad oficial del Estado”, señala una de las recomendaciones del informe.
En el documento, la CIDH sostiene que, según las denuncias, “el monto de publicidad asignado por el Estado sería mayoritariamente destinado a medios de comunicación que el Gobierno consideraría afines a sus pautas ideológicas”.
Además, se reportaron denuncias respecto a que “la asignación de pauta oficial se usa como premio o castigo según las líneas editoriales, lo que es considerado una forma de censura indirecta al ejercicio de la libertad de expresión”.
En particular, mencionaron las denuncias de “asfixia económica” a medios impresos como El Diario y Los Tiempos, que se realizaría mediante demandas judiciales, empresariales y expedientes tributarios, respectivamente.
En ese contexto, la CIDH animó al Estado Boliviano a debatir una ley que establezca reglas claras y precisas; el otorgamiento de publicidad de acuerdo con objetivos legítimos; mecanismos de contratación abiertos y no discriminatorios; y la creación de mecanismos que permitan el control externo de la asignación publicitaria.
En noviembre de 2025, se denunció que el gobierno de Luis Arce destinó más de 31 millones de bolivianos en publicidad y propaganda para sus últimos 4 meses de gestión, a través de una ofensiva comunicacional de la que se beneficiaron 42 medios de alcance local y nacional.