El Gobierno central expresó ayer su respaldo a la iniciativa legislativa para poner freno a los bloqueos de caminos, que se constituyeron como una forma de protesta de diferentes sectores sociales. El ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, señaló que respetan el derecho a la protesta, pero también el derecho de la población a la libre circulación.
“La posición del Ejecutivo siempre ha sido respetar el derecho a la protesta en democracia, pero también respetando los derechos de los ciudadanos y obviamente el no uso de la violencia. Por tanto, nosotros no podemos no estar a favor de una ley antibloqueo”, afirmó Lupo en conferencia de prensa.
La ley antibloqueos entró en debate luego de las protestas y bloqueos de caminos a la cabeza de la Central Obrera Boliviana (COB) contra el Decreto Supremo 5503. En ese periodo, diferentes sectores productivos reportaron pérdidas económicas millonarias en un contexto de recuperación económica.
El ministro ratificó que el Gobierno impulsa el diálogo y espacios de concertación más allá de una norma que regule los bloqueos. “Desde el ejecutivo creemos que deberían dejarse esas prácticas”, reiteró.
Consideró que este tipo de cambios son importantes en democracia en cuanto a conducta de la gente.
REFERENDUM
El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, afirmó que cualquier iniciativa vinculada a la democracia y a la decisión directa del pueblo boliviano siempre será positiva, aunque remarcó que la realización de un referéndum debe ajustarse estrictamente a la Constitución y a la normativa vigente.
“Tenemos que cumplir la norma y la Constitución”, sostuvo Ávila, al referirse a la posibilidad de someter a referéndum el proyecto de ley antibloqueos, y explicó que existen dos vías para activar un referéndum. La primera es la iniciativa popular, que se concreta mediante la recolección de firmas por parte de la ciudadanía, y la segunda es la iniciativa estatal, que puede originarse desde el Órgano Legislativo, a través de la aprobación de una ley de convocatoria, o desde el Órgano Ejecutivo, mediante una propuesta formal de convocatoria.
Ávila recordó que en anteriores gestiones el Ejecutivo intentó activar un procedimiento similar y aclaró que, una vez cumplidas todas las etapas previstas por la norma, el TSE requiere un plazo mínimo de 90 días para organizar un referéndum. “Ese es el tiempo que establece la ley. El costo todavía no se puede determinar, porque depende del cronograma, el padrón electoral y otros factores técnicos”, explicó.
Las declaraciones se producen luego de que el diputado Carlos Alarcón, impulsor del proyecto de ley antibloqueos, planteara que la norma sea sometida a consulta popular una vez que sea sancionada por la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Esta ley antibloqueos se la puede someter a un referéndum para que el conjunto de todos los bolivianos defina si está de acuerdo con que la promulgue el presidente del Estado”, afirmó el legislador, en respuesta al rechazo expresado por sectores como la Central Obrera Boliviana.
Actualmente, el proyecto se encuentra en tratamiento legislativo. No obstante, desde el Ejecutivo surgieron cuestionamientos. El vicepresidente Edmand Lara sostuvo recientemente que la iniciativa formaría parte de una estrategia para gobernar mediante decretos y ejecutar un plan de persecución contra sectores críticos. (Erbol/Brújula Digital)