TCP requiere una norma que le permita operar con legitimidad

Tras la reciente aprobación, en grande y detalle del proyecto de ley “Excepcional de Composición, Organización y Funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional”, en instancias de la Comisión de Constitución de la Cámara Alta, el senador Daniel Ortiz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), explicó que la paralización de más de 17 mil causas, por falta de quórum en esta instancia, exige una norma que dé un respaldo legal y permita al TCP operar con legitimidad.
En su calidad de presidente de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral, Ortiz detalló que la propuesta normativa apunta a garantizar el funcionamiento del TCP, actualmente afectado por la falta de quórum, debido a que solo cuatro magistrados fueron electos.
“El objetivo de esta ley es que los cuatro magistrados electos puedan funcionar con la tuición y la legalidad correspondientes, permitiendo que la presidenta del Tribunal Constitucional baje a una de las salas para conformar el quórum y así atender las más de 17 mil causas pendientes”, explicó el senador.
Además, confirmando que la norma en cuestión será presentada y debatida en la próxima sesión plenaria del Senado, Ortiz lamentó que actualmente se mantengan paralizados miles de procesos constitucionales en todo el país, a la espera de un respaldo legal que permita al TCP operar con plena legitimidad.
En ese marco, aclaró que la iniciativa es específica y exclusiva para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y no incluye al Tribunal Supremo de Justicia, porque dicha instancia si cuenta con quórum suficiente y no requiere una norma adicional para su funcionamiento.
Finalmente, el senador subrayó que, a diferencia de iniciativas anteriores declaradas inconstitucionales, este proyecto se circunscribe únicamente al TCP, con el objetivo de destrabar su funcionamiento y garantizar el acceso a la justicia constitucional para la ciudadanía.
La semana pasada, la Comisión de Constitución de la Cámara Baja también aprobó un proyecto de Ley para el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia, con los magistrados que fueron electos democráticamente en las elecciones judiciales.
El presidente de la comisión, el diputado de Unidad, Juan Del Granado, explicó que se realizaron cambios de forma que no afectan el fondo de la normativa y que ahora pasará al pleno para su consideración. “Es una propuesta que va a ir con las modificaciones que hemos planteado. Son modificaciones de forma las que se están formulando en la Comisión”, aseveró Del Granado.
Detalló que el proyecto establece el 30 de junio de 2026 como fecha límite para la realización de las elecciones de los nuevos magistrados que faltan en ambas entidades judiciales.
Por su parte, la secretaria técnica de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, Kathia Saucedo, indicó que la propuesta aprueba también un régimen excepcional y temporal para reducir el número de magistrados de nueve a cuatro en el Tribunal Constitucional Plurinacional y de nueve a siete en el Tribunal Supremo de Justicia.
“Para darles funcionalidad a ambos órganos, en especial al Tribunal Constitucional, es decir, autorizando que funcione su Sala Plena con cuatro magistrados y autorizando que la Comisión de Admisión funcione con tres”, agregó.
El proyecto de ley fue remitido a plenaria de la Cámara de Diputados para que se tome la decisión final sobre el régimen transitorio para el funcionamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional y del Tribunal Supremo de Justicia.