En diferentes regiones de Colombia se cocina un plan criminal que busca socavar la democracia y afectar las próximas elecciones al Congreso y a la presidencia.
Semana tuvo acceso a información de carácter reservado, y plasmada en diversos documentos de inteligencia, en la que se advierte que los grupos armados ilegales como las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y los Conquistadores de la Sierra estarían buscando favorecer a ciertos candidatos y vetar a otros.
La situación es más alarmante que en elecciones anteriores, ya que el control de estas organizaciones al margen de la ley sobre la población es mayor y más intenso, a tal punto que decretan restricciones en la movilidad y tienen un registro casi notarial de la comunidad, mediante la carnetización que se ha hecho famosa en Caquetá, Putumayo, Nariño, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander, Antioquia y Meta. Todo bajo el amparo de la fracasada apuesta de paz total del Gobierno Petro.
El control criminal, según la inteligencia militar, pasó de 150 municipios hace cuatro años a más de 600 en la actualidad; es decir, son 600 localidades que tendrían afectaciones en la libertad democrática, con los riesgos que ello implica para garantizar una elección libre. En otras palabras, el país está ante un constreñimiento electoral a gran escala en 2026, pues si se suman los habitantes de esas regiones, el cálculo podría rondar aproximadamente nueve millones de habitantes con amenaza latente de grupos armados ilegales, muchos de ellos en negociaciones de paz con la Casa de Nariño.
Testimonios recogidos por Semana en diferentes regiones dan cuenta de que el fenómeno tiene un patrón: los grupos armados escogen a un candidato a dedo, obligan a la población a votar por él o por una colectividad política en particular, aprovechan la poca presencia militar en las zonas rurales y son ellos mismos quienes custodian los sufragios y con eso ejercen un mayor control, porque acompañan al elector hasta el punto de votación.
A esto se suma que, como tienen bajo amenaza a una buena parte de las juntas de acción comunal, poseen un registro preciso de la población. Es decir, hacen los cálculos sobre esas listas y amenazan de muerte a quienes no obedezcan.
Uno de los líderes sociales y políticos del Catatumbo le reveló a Semana el modus operandi del frente 33 de las disidencias de las Farc en esa región, en la convulsionada frontera con Venezuela. «Acá solo pueden hacer campaña los políticos que ellos digan, y ellos mismos, a través de su comandante, participan activamente en las campañas, pues quieren quedarse con las curules de paz, que son para las víctimas, y para eso promocionan a una de sus candidatas», advirtió.
Este medio tuvo acceso a audios de WhatsApp y a llamadas, las cuales están en poder de la Justicia y son objeto de investigación, en las que cabecillas disidentes de las Farc piden descaradamente aportes y votos para una candidata. «Todos tienen que apoyar, esa es la consigna. No es algo de nosotros, sino del pueblo. Necesitamos representación para que la guerra cese», se escucha en uno de los archivos en poder de Semana.
En otro audio, presuntamente de una comunicación con una presidenta de una Junta de Acción Comunal, el tono es amenazante: «Ustedes no están haciendo las cosas bien y están dejando entrar esa gente del otro lado (…). Aquí vamos a tener que empezar a poner muertos para que entiendan que las órdenes se cumplen».
Este grave riesgo para la democracia, a menos de dos meses de las elecciones al Congreso y a cuatro meses de la primera vuelta presidencial, no es exclusivo del Catatumbo.
Lina Tabares, defensora de derechos humanos de Fundterpaz, asegura que en la zona rural alta de Jamundí, así como en sectores rurales del Cauca y Nariño, las comunidades ya fueron obligadas a votar por determinados candidatos en las elecciones pasadas a alcaldías, concejos, asambleas y gobernaciones, y hay alarma por lo que va a ocurrir en las próximas semanas.
«El miedo ya no es solo miedo, es terror. La gente sabe que no cumplir una orden puede costarle la vida o el desplazamiento», sostiene Tabares. La posibilidad de denunciar es prácticamente inexistente. «Las comunidades saben cuáles son las consecuencias y por eso guardan silencio».
Tabares explicó que el control no se ejerce solo el día de las elecciones. «Hay una vigilancia permanente. Las personas están carnetizadas, se controla su movilidad, su participación en reuniones comunitarias y hasta sus horarios. En ese contexto, hablar de voto libre es una ficción».
Según la defensora de derechos humanos, muchas comunidades terminan votando en bloque por temor, no por convicción. «Eso vulnera de manera directa el derecho fundamental a elegir y ser elegido».
Tabares agrega que las elecciones de 2026 solo podrían ser realmente libres en zonas urbanas. «En las zonas rurales del país va a haber imposición de candidatos. Lo que se va a ver es una democracia fragmentada, donde unos votan en libertad y otros bajo amenaza».
Esta semana, la Federación Nacional de Departamentos le envió una comunicación al Gobierno Petro en la que los gobernadores piden realizar con carácter urgente «consejos regionales de seguridad en los que se estudien las medidas que serán incluidas dentro del Plan Democracia para desplegar acciones contundentes de inteligencia que prevengan el constreñimiento, el control territorial, el confinamiento, las zonas vedadas y el favoritismo electoral mediante el uso de las armas».
CRECIMIENTO EXPONENCIAL
En algunas zonas urbanas el voto libre no está tampoco garantizado. El ELN, las disidencias de las Farc y el Clan del Golfo tienen redes de apoyo en algunos municipios e incluso hay un manto de duda sobre la operación de los exnarcos de Antioquia que el presidente Petro presentó en el polémico tarimazo y que podrían salir a realizar pedagogía en los barrios de Medellín acerca de los diálogos de paz.
Eso, en un año electoral, abre un escenario de preocupación sobre las verdaderas intenciones de estos excriminales caminando por las comunas y que, según las autoridades, siguen delinquiendo desde la cárcel de Itagüí y controlando las rentas ilícitas del Valle de Aburrá.
El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, le reconoció a Semana que en su departamento hay un riesgo muy grande, principalmente en municipios del norte, nordeste y Bajo Cauca.
«Los grupos criminales crecieron de manera exponencial y tienen capacidad de amedrentar a la población», afirmó. Aunque destacó operaciones contra el Clan del Golfo, lamentó que no exista la misma presión militar contra las disidencias de las Farc. «No les asiste ningún proyecto político, solo la captura de las rentas criminales».
A finales del año pasado, un general activo del Ejército le advirtió con preocupación a este medio que, en número de hombres armados, la amenaza que se cierne hoy sobre Colombia es mayor a la que enfrentó el país en 2002, en la época de las Farc y el secretariado tras el fracaso de los diálogos del Caguán. En los últimos cuatro años, los grupos criminales aprovecharon la mano tendida del Gobierno Petro y los ceses al fuego para fortalecerse.
Según las más recientes cifras entregadas por el Ministerio de Defensa, el ELN tiene un aproximado de 7.000 hombres; las disidencias de Iván Mordisco tendrían unos 4.000 combatientes; la Segunda Marquetalia, comandada por Iván Márquez, cuenta con 1.900 criminales; y el Clan del Golfo supera los 8.000 integrantes. Las Fuerzas Militares admiten que el subregistro podría duplicar esas cifras por cada grupo armado ilegal, y más en esta nueva etapa de la guerra donde no necesariamente todos los combatientes están uniformados y resguardados en las montañas.
En el Caribe, donde delinquen grupos como los Conquistadores de la Sierra, recientemente en negociaciones con el presidente Petro y con muchos de sus integrantes ungidos como gestores de paz, también hay preocupación por las próximas elecciones. Al igual que en otras regiones, existen presiones para favorecer a ciertos candidatos y colectividades políticas.
Por ejemplo, en el Cesar hay presencia del ELN, el Clan del Golfo y disidencias de las Farc, que ya les están diciendo a las comunidades por quién deben votar. Allí restringen el paso de los candidatos, según denunció un líder social que está amenazado y fuera de su tierra natal. «Tienen todo cercado. Ahora apareció un nuevo grupo, los Gaitanistas o el Clan del Golfo. Están cerca y donde estuvo Jorge 40 están ellos, cerca del batallón de La Popa. Entonces no sabe uno qué pensar (…). La gente tiene miedo y miedo de participar en política.
Es más, en los corregimientos que te digo, que son las veredas que están cerca de Valledupar, en el norte, que son La Mesa, Azúcar Buena, la Serranía de María Angola, ahí están los grupos incidiendo».
En el Atlántico, las bandas que hoy negocian con el Gobierno Petro delinquen en las zonas urbanas, es decir, sus centros de operaciones están en barrios de Barranquilla y Soledad. Desde allí, desempeñan un papel político importante, pues, al estar en diálogos, reciben constantemente la visita de políticos y sobre ellos desplegaron una campaña masiva de publicidad y constreñimiento ante la comunidad. «Aquí solo tienen entrada algunos. A los otros los sacan corriendo con tiros al aire. Eso todo el mundo lo sabe», narró un habitante de Barranquilla.
La situación es tan compleja que incluso el mismo presidente Petro ya alertó que, tras la llamada cumbre criminal planteada por Mordisco para reunir a todos los grupos armados ilegales en una supuesta defensa de la soberanía, podría existir un sabotaje a las próximas elecciones. «Son la excusa de la invasión y hasta dineros oscuros corren para sabotear las elecciones e impedir la libertad electoral», advirtió el mandatario.
Este panorama que presenta Semana deja al descubierto un retroceso en la seguridad electoral en Colombia, pese a la promesa en 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz con las Farc, de tener unos comicios más seguros. La atomización del conflicto llevó a un control fragmentado y sin precedentes en la mayoría de los departamentos. Comparadas con 2018 y 2022, estas elecciones tienen el ingrediente de decenas de grupos armados ilegales fortalecidos participando abiertamente en política.
El registrador nacional, Hernán Penagos, en diálogo con este medio, señaló: «En relación con la violencia, hay circunstancias que nos inquietan porque, además del derecho a elegir, debemos garantizar que los ciudadanos voten libremente. Por ejemplo, según varios informes, es evidente el recrudecimiento de la violencia contra líderes políticos, por la escalada de grupos armados ilegales, con aumentos superiores al 179 por ciento, según la MOE».
De cara a las elecciones al Congreso, la Registraduría va a instalar alrededor de 7.450 puestos en zonas rurales y, según Penagos, «la violencia se encuentra mucho más marcada en este sector poblacional, concentrándose en departamentos como Antioquia, Cauca y Norte de Santander, con más de la mitad de los hechos».
«Con la Procuraduría venimos llevando a cabo reuniones con el Ministerio de Defensa y la cúpula militar, revisando el Plan Democracia, que la fuerza pública tiene construido para garantizar la seguridad en las elecciones de Congreso у presidencia. Según el ministro, son 104 los municipios de mayor alerta. Es evidente que en esos lugares deben adelantarse despliegues operativos con suficiente anterioridad que permitan asegurar esas zonas para garantizar los derechos políticos y proteger a los demás actores del proceso electoral (jurados, testigos, funcionarios públicos, entre otros)», sostuvo el registrador.
VALLAS CONTRA PARTIDOS
En el Cauca, la interferencia armada se ha hecho explícita. En vías rurales y zonas de tránsito comunitario aparecieron vallas firmadas por disidencias de las Farc con mensajes como «prohibido el ingreso de políticos de derecha y guerreristas», acompañados de los rostros de dirigentes del Centro Democrático. Para la MOE, el mensaje no admite interpretaciones: en esos territorios, un grupo armado ilegal define quién puede y quién no hacer política.
La MOE identifica seis grandes focos de conflictividad electoral: el Cauca; el Catatumbo; Arauca y la región del Sarare; el norte, nordeste y Bajo Cauca antioqueños; el sur del Chocó, en la cuenca del San Juan; y el sur del Meta y Guaviare. En estas zonas confluyen disputas territoriales, control social armado y altos riesgos para la movilidad, la logística y la instalación de puestos de votación.
Según conoció Semana, en municipios del norte del Cauca y en zonas rurales de Jamundí, las disidencias ejercen un control total de la población, apoyadas en juntas de acción comunal cooptadas. Llevan registros detallados de quién vive en cada vereda y, en época electoral, de por quién votan. En elecciones pasadas, los ciudadanos habrían sufragado acompañados por hombres armados que vigilaban el proceso.(Semana)
