Durante la gestión 2025, Bolivia atravesó 841 conflictos sociales, casi el doble del promedio histórico de los últimos 50 años, que es de 362, lo que confirma un escenario de alta conflictividad asociado a la crisis económica, según datos de la Defensoría del Pueblo.
La vulneración a los derechos económicos fueron los más denunciados con 282 casos, seguidos de los derechos laborales, políticos, y aquellos vinculados a servicios básicos, vivienda, obras públicas y educación.
La Defensoría del Pueblo intervino en 540 conflictos, equivalente al 64% del total. Las medidas de presión más frecuentes fueron el estado de emergencia, los bloqueos de vías y las marchas.
En el cuarto trimestre se registraron 187 conflictos, con mayor incidencia en La Paz, Santa Cruz y Cochabamba, y una efectividad de intervención del 61%.