Bolivia terminó el año 2025 enfrentando una de las paradojas más costosas de su historia económica reciente: mientras el gobierno realizaba esfuerzos fiscales para importar carburantes y la población sufría por la escasez de gasolina y diésel, una alarmante cantidad de estos recursos se desvanecía por el contrabando. Según reportes recientes de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), se estima que hasta un 30% de los combustibles subvencionados termina desviado hacia actividades ilícitas o fuera de nuestras fronteras.
El contrabando de gasolina y diésel representaba un desangramiento que el país ya no podía tolerar. Ahora la ANH tiene la responsabilidad y la obligación legal de cerrar aquella hemorragia, pues, además, sin un control riguroso, digitalizado y libre de corrupción, cualquier política de abastecimiento será un esfuerzo estéril. Además, la ANH tiene el deber de dar con los responsables del delito que supuso para el país una pérdida millonaria, con objeto de que sean procesados como es debido.
Con un gasto proyectado en subsidios que alcanza cifras rojas para el Tesoro General de la Nación, en este 2026 el incentivo para el “contrabando a la inversa” es devastador, por la brecha de precios generada por la subvención. Los carburantes, esenciales para el transporte de personas y productos y la economía nacional, se han convertido en el botín de redes delictivas que operan llevándose el combustible afuera y drenando divisas que Bolivia necesita para la reactivación de la economía, una economía que el régimen populista y autoritario del MAS dejó en ruinas.
Si bien la implementación de tecnología, como el uso de pistolas de radiofrecuencia para el monitoreo del B-SISA y el bloqueo de tarjetas con consumos irregulares, representa un avance, la realidad en las rutas fronterizas exige una presencia mucho más estratégica. El control no puede limitarse al último eslabón de la cadena; debe ser una inteligencia de datos que identifique los patrones de acopio antes de que el combustible llegue a los bidones ilegales. En este escenario, el rol de la ANH debe trascender la mera administración, para investigar quiénes fueron los responsables del contrabando.
La eficiencia de estas acciones se medirá no solo por los litros recuperados, sino por la capacidad de desarticular las redes de corrupción y contrabando que permiten que cisternas enteras vendan los carburantes bolivianos afuera. Se han hecho esfuerzos notables para frenar el “contrabando a la inversa”; no por nada se reportó que en algunas poblaciones peruanas ya no existe gasolina.
Es urgente que la ANH fortalezca sus mecanismos de denuncia ciudadana a través de su línea gratuita, que modernice la vigilancia en estaciones de servicio en “zonas rojas” de frontera y que trabaje estrechamente con FFAA y Policía. Y más allá de todo esto, es imperativo que los responsables del delito paguen por sus fechorías.
Contrabando de carburantes causa desangramiento
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