La noche que las balas llegaron al campo no hubo tiempo para el miedo. En el predio Santa Rita, en Guarayos, los productores escucharon primero los motores, luego los gritos y finalmente los disparos. Era julio de 2025 y, con ese ataque, una cifra que parecía abstracta adquirió rostro y sonido: 163 avasallamientos de tierras registradas en el país en lo que iba del año, 60 de ellos en Santa Cruz.
EL AÑO DE LOS CERCOS
Desde enero hasta noviembre de 2025, el mapa agrario boliviano se fue llenando de cercos improvisados, casetas de madera y banderas clavadas sobre alambrados cortados. Cada nuevo predio tomado se sumaba a una estadística dispersa, construida más por cámaras empresariales y reportes de conflictividad que por un registro estatal sistemático.
En Santa Cruz, epicentro de la expansión agropecuaria, el fenómeno dejó de ser un hecho aislado para convertirse en un patrón: predios productivos, tierras en saneamiento, áreas fiscales e incluso zonas boscosas empezaron a ser noticia por la irrupción de grupos organizados.
La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) registró la cifra de 163 avasallamientos, se repitió como una alarma. No es un número frío: resume denuncias de productores que hablan de amenazas, destrucción de cultivos, incendios y pérdida de maquinaria. En las reuniones internas, los directivos muestran mapas con puntos rojos que se concentran en el norte cruceño, pero que también aparecen en otros departamentos, dibujando un país en disputa silenciosa por la tierra.
LA VIOLENCIA QUE NO siempre lLEGA AL PARTE POLICIAL
El ataque a Santa Rita fue uno de los pocos casos que logró romper el cerco de la indiferencia. Un productor herido, 25 personas retenidas durante horas, disparos al aire y a los vehículos, además un grupo de desconocidos ingresó al predio con armas largas, según la denuncia de la CAO.
En otros avasallamientos, la violencia se expresó de modo menos espectacular, aunque igual de contundente: caminos bloqueados, intimidación puerta a puerta, destrucción de cercos y el mensaje repetido: “desde hoy esto tiene nuevos dueños”.
Los reportes de conflictividad social registraron que los avasallamientos no son solo un problema agrario. Bajo la misma etiqueta se agrupan disputas por zonas mineras, áreas protegidas y territorios con títulos en revisión, donde confluyen organizaciones comunitarias, grupos de colonizadores, empresarios, intermediarios de tierras y, a veces, actores políticos que leen en cada toma una oportunidad de influencia.
EL ESTADO ENTRE EL
DISCURSO Y EL TERRENO
En los comunicados oficiales, la respuesta es enérgica: “tolerancia cero” al avasallamiento, operativos de desalojo, aprehensiones y procesos penales anunciados como escarmiento ejemplar. El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), bajo la anterior administración del Movimiento al Socialismo (MAS), presumió un avance del 94% en el saneamiento de tierras.
Pero en el terreno, la percepción es otra. Productores y dirigentes locales denunciaron que los operativos llegaron tarde, cuando los cultivos ya fueron dañados. En varias comunidades se repitió la escena de reuniones nocturnas, listas de turnos para vigilar los ingresos a los predios y grupos que durmieron con radios encendidas, a la espera de cualquier señal de movimiento extraño.