El Decreto Supremo 5503, anunciado por el presidente del Estado, Rodrigo Paz Pereira, no solo elimina el negocio millonario del contrabando de combustibles en favor de los dirigentes, sino que, en su artículo 107, erosiona el poder de la cúpula sindical de la Central Obrera Boliviana (COB) al permitir la libre negociación de salarios sin su intermediación, luego de ser beneficiada durante años con millonarios aportes de sus afiliados.
En su artículo 107, la disposición gubernamental dicta que “se reconoce y garantiza la libre negociación del salario entre empleadores y trabajadores, de manera individual o colectiva, como expresión de la autonomía de la voluntad y de la libertad de contratación, siempre que se respeten los límites y garantías establecidos en el ordenamiento jurídico boliviano”.
La medida debe apegarse al cumplimiento íntegro de la legislación laboral vigente y respetar el salario mínimo nacional de Bs 3.300. Asimismo, se establece que todo acuerdo salarial debe constar por escrito sin implicar renuncia, descuento o desconocimiento de derechos laborales, mientras que ratifica al Ministerio de Trabajo la función de supervisar y controlar dichas negociaciones, para evitar “prácticas de precarización, simulación contractual o evasión de obligaciones sociales”.
Ante el rechazo del sector a las medidas anunciadas, el exdiputado, Andrés Romero, propuso que se eliminen los aportes de los afiliados a la COB ya que siguen permitiendo el financiamiento de las movilizaciones del sector: “A aquellos que están sobreviviendo con la plata del Decreto que les hizo Evo Morales para favorecer a la COB, hay que eliminársela”.
Cumplida una semana de medidas de presión instaladas por el sector obrero sindicalizado en la ciudad paceña, en demanda de la abrogación del Decreto, se anunció la radicalización de sus protestas en los próximos días. Sin embargo, otros sectores como el del transporte, inicialmente opuestos a la medida, terminaron llegando a acuerdos con el Gobierno y levantaron un paro indefinido.
Las marchas de la COB, marcadas por contundentes expresiones de rechazo ciudadano, derivaron en la aprehensión de tres mineros en posesión de cerca de Bs 150.000, supuestamente destinadas a financiar las movilizaciones, aunque los sujetos luego fueron beneficiados con detención domiciliaria.
NUEVO MODELO DE PAÍS
El Gobierno defendió esta medida y ratificó que no dará marcha atrás en vista de que el DS 5503 es el “punto de partida” de un nuevo modelo económico. En palabras del ministro de Economía, Gabriel Espinoza, “por primera vez en mucho tiempo, la gente vuelve a estar en el centro de las decisiones económicas y de las políticas públicas, no como consigna vacía, sino como criterio rector”.
Asimismo, Espinoza insistió en que no se dará marcha atrás con la medida, pues ésta no se limita a reconocer las dificultades económicas, sino que propone soluciones para reordenar la administración del Estado con un rol más activo y permite recuperar la estabilidad del país, luego de dos décadas de una administración incompetente que ocasionó la pérdida de la confianza ciudadana en sus instituciones.
La autoridad recordó que los ajustes financieros y monetarios van acompañados de un “escudo social” que incluye el incremento de la Renta Dignidad, el fortalecimiento de algunos bonos para sectores vulnerables y la creación de transferencias extraordinarias focalizadas. “La política económica, cuando pone a la gente primero, deja de ser una amenaza y vuelve a ser una herramienta de futuro”, agregó el ministro.

Créditos: Captura Gaceta Oficial del Estado
