InicioSeccionesOpiniónAsignación de recursos al POA de unidades educativas

Asignación de recursos al POA de unidades educativas

Eufren Wilmer Franco Huaycho

El Sistema Educativo Plurinacional (SEP) de Bolivia está gestionado por el Gobierno central y entidades territoriales autónomas en sus diferentes niveles. A esta afluencia de entidades se denomina competencias concurrentes, según ley 031 y CPE. Específicamente, la ley 070 establece que los niveles centrales conforman el Ministerio de Educación, viceministerios y entidades desconcentradas, los cuales se encargan de diseñar políticas educativas de alcance nacional. Por otra parte, también están las direcciones departamentales como entidades descentralizadas, quienes se ocupan de implementar las políticas educativas; y, por último, el nivel autonómico que llegan a ser las gobernaciones, municipios y entidades indígena originario campesinas.
A nivel municipal, la ley 070 otorga responsabilidad en dotar, financiar y garantizar los servicios básicos, infraestructura, mobiliario, material educativo y equipamiento de las Unidades Educativas de Educación Regular, Educación Alternativa y Especial, así como de las Direcciones Distritales y de Núcleo, en su jurisdicción. Para cumplir con estos encargos, el Estado otorga recursos provenientes de coparticipación tributaria, Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) y transferencias específicas.
Si bien el Estado otorga responsabilidades y recursos a los gobiernos municipales para atender requerimientos de instituciones educativas para su funcionamiento, éstos se ven truncados por el color político que tenga la máxima autoridad ejecutiva. Por ejemplo, en algunas zonas rurales, como La Asunta, los consejos educativos suelen presentar solicitudes de requerimiento a inicios de gestión, donde suelen ser esperanzados en recibir atención y a medida que van pasando los meses, estas solicitudes quedan en el archivo y muchas veces no llegan a concretarse. De esta manera la escuela queda postergada, desatendida y se ve a estudiantes pasando clases en precarias condiciones. Esta realidad es recurrente en muchos municipios y crece el descontento social.
Haciendo una revisión de las partidas presupuestarias en algunos municipios rurales, son observados gastos programados para infraestructura educativa, mantenimiento de unidades, mobiliario, material educativo, servicios básicos y otros. En realidad, estos recursos no son distribuidos con total transparencia que beneficien a todas las unidades educativas. Estas situaciones son las que salen a luz cuando los gobiernos municipales presentan informe en las cumbres o rendición de cuentas.
Por la realidad expuesta y en el marco de garantizar el derecho a una educación de calidad, es importante transparentar y romper esa tranca burocrática municipal. En cada gestión, todas las unidades requieren mantenimiento, mobiliario, material educativo, servicios básicos, etc., lo cual muchas veces es asumido por padres de familia haciendo aportes obligatorios. A fin de evitar cansancio en consejos educativos, frustraciones o buscar simpatizar con algún color partidario, se debe dar vía libre a que cada Unidad Educativa planifique y presente su POA anual con recursos asignados al SIE ACADÉMICO de acuerdo a la estadística estudiantil. Por ejemplo, si una unidad “X” tiene más estudiantes que “Y”, le correspondería más recursos para ejecutar. Con esta lógica, el consejo educativo y gestor administrativo llegan a constituirse en agentes que exigen ejecución de recursos correspondientes, acorde a las necesidades priorizadas por la comunidad educativa.
Mediante este mecanismo se podría transparentar y agilizar la ejecución presupuestaria; asimismo, habría una mejora visible de las escuelas, distribución equitativa del presupuesto, fiscalización y acompañamiento. El acercamiento del municipio – escuela sería una realidad evidente.

El autor es maestro del sistema educativo fiscal.

ARTÍCULOS RELACIONADOS
- Advertisment -

MÁS POPULARES