La mano invisible en la crisis boliviana

La reciente desregulación de precios fue beneficioso para parar la especulación de bienes de consumo e hidrocarburos que el Estado subvencionaba y vendía a precios menores que nuestros vecinos, demostrando que el Estado omnipresente es mal administrador cuando quiere manipular todos los aspectos de la economía. Antes bien, la “mano invisible”, que es como llamó Adam Smith a lo que ahora podríamos denominar la autorregulación de los mercados cuando se deja que las interacciones libres regulen los precios, hizo que el Estado no tenga que imponer los precios para todo, como sucedió en los últimos días de la Unión Soviética, cuando su Estado tenía que reajustar diariamente los precios de hasta 5.000 productos.
En el caso boliviano, los precios subvencionados servían para que grupos clientelares cercanos al poder se aprovechen del propio pueblo, como los que se dedicaban a especular con los hidrocarburos y el mismo pan en la frontera con Perú. Un gradualismo a lo Macri hubiera alargado la agonía de un Estado clientelar, en beneficio de esos grupos siempre favorecidos por el poder, que perjudicaban al mismo pueblo que decían defender y representar. Quitar la subvención hizo que en la economía popular algunos precios bajaran y otros, como el precio del pasaje del transporte urbano, hallará un equilibrio de mercado entre el precio que quería el sindicalismo corrupto del transporte y lo que el pueblo podía aceptar como un incremento razonable. Así opera la “mano invisible” que guía hacia un bien común, donde cada uno busca su propio interés, pero hallando un equilibrio entre oferta y demanda.
Esta lección demuestra que el Estado solo debe tener como funciones primordiales la administración de la justicia, de los poderes públicos, emitir moneda, mantener redes viales en óptimas condiciones y el monopolio de la fuerza. No está para hacer papas fritas o cartón compitiendo con el emprendedor nacional, sino para hacer grandes negocios estratégicos, como generación de energía, exploración hidrocarburífera y otros, donde se necesite captar grandes capitales asociándose a privados. De hecho, quería resaltar que el contrabando mueve en Bolivia, según estimaciones, más de $US 3 billones (o tres mil millones) suficientes para que el propio país pague su exploración y explotación petrolífera o de litio. Pero esos son capitales que son derrochados en fatuidad y ostentación. Realmente Bolivia no es un país pobre, pues si se junta a esta cifra la onerosa recaudación impositiva a octubre de este año de más de Bs. 34 billones son $US 3.4 billones a un tipo de cambio de 10, esto sin contar la fuga de divisas de la minería aurífera y de la banca, con lo que tenemos el panorama de un país rico, pero mal administrado con un Estado que podría captar estos capitales para grandes inversiones en las que se necesite la alianza de Estado y privados. Para ello se necesita no economistas keynesianos (estatistas), sino entendidos en negocios internacionales, para que coincidan el bien común con el interés común, que se han devaluado intencionalmente los últimos veinte años, haciéndonos caer en localismos atomizantes, donde no se busca concentrar capitales en proyectos grandes sino que se quema en alcohol y consumo fastuoso.
Somos una entidad histórica y política que se definió negativamente: no somos peruanos ni argentinos ni chilenos ni brasileños y eso nos da una identidad colectiva singular que debe buscar el bien común y el resguardo de las cosas en común, como los recursos naturales, para dejar de tener un Estado que sirva a sectores pequeños que perjudican a ciudades enteras y, a cambio, debe crear mejores condiciones, ya sea tributarias y camineras, para las grandes mayorías que ponen cada día el hombro al país.