La Constitución Política del Estado, dispone en el Art. 172 que “Son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado” Num.1 “Presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional, dentro de las treinta primeras sesiones, el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado para la siguiente gestión fiscal y proponer, durante su vigencia, las modificaciones que estime necesarias. El informe de los gastos publico conforme el presupuesto se presenta anualmente”. Lamentablemente, la anterior Asamblea Legislativa NO aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) y Luis Arce lo promulgó.
El Banco Mundial en su informe a octubre, proyectó un crecimiento negativo de Bolivia de -1,6 % en el 2026. El FMI aún no realizó previsiones para el próximo año, debido a la incertidumbre sobre las perspectivas económicas del país. Ya que la inflación se situaba en 19,22 %, el déficit bordeaba el 5 % al primer semestre y hubo un decrecimiento hasta junio del Producto Interno Bruto (PIB) de -2,4 %.
El PGE aprobado en noviembre de 2025 para 2026, presentaba un aumento de 11.7% hasta Bs.296.565 millones, priorizando inversión social y subvenciones a combustibles y programas de pensiones como Renta Dignidad y Bono Juancito Pinto; una proyección de crecimiento del 3,5% y una inflación del 7.5% con incentivos a la industrialización. Fijó un crecimiento de 0,9 % para 2026, frente al 3,5 % de meta trazada para este 2025. Además, con una inflación de 10,1 % frente a un 7,50 % previsto para este año. También proyecta un déficit fiscal de -10,3 %, frente al -7,5 % de la presente gestión. Hoy se verifica que estos recursos no existen, porque no solo el Ejecutivo depende de ese dinero para operar, también alcaldías, gobernaciones y universidades públicas.
Se debe tomar en cuenta que es difícil desmontar la corrupción, después de 20 años de despilfarro durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce, por compras irregulares y desfalcos millonarios a las arcas del Estado. Por ello el ministro de Economía, Gabriel Espinoza, manifestó modificaciones, o sea “reformulación” del PGE, cuyo plazo de aprobación es del 31 de diciembre. Serán hechos cambios en el marco de la política de austeridad, limitando el gasto corriente y las contrataciones, incluso con el congelamiento de planillas del sector público. El PGE se encuentra en la Asamblea Legislativa para su aprobación, como exige la Constitución Política. El Senado rechazó la aprobación del PGE, solamente con 12 senadores se dio la votación en grande, no se dio el tratamiento en detalle. Además, se debe aplicar el DS 5503, que elimina las subvenciones a combustibles (gasolina y diésel), para estabilizar la economía, frenar el contrabando y dirigir recursos a programas sociales como aumento del Salario Mínimo Nacional a Bs.3.300 y la Renta Dignidad a Bs.500.
Espinoza señaló que las arcas del Estado están vacías. “Tenemos más de 320 pedidos de sectores, entre gobiernos municipales, gobiernos departamentales, universidades, cajas, acreedores del Estado, pagos que no se pueden realizar porque nada dejaron en las cuentas del Estado, ni en dólares ni en bolivianos”, expresó.
El Gobierno cuenta con potencial fuente de financiamiento de $us 3.515 millones por desembolsar, por créditos externos aprobados por la anterior legislatura. Éstos incluyen préstamos de organismos multilaterales y de otros países. Esos recursos podrían ser utilizados para cubrir compromisos e impulsar la inversión pública en el marco del PGE 2026. Con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) es por $us 30 millones; y con la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA), por un monto de 15.000 millones de yenes, equivalentes a 95,9 millones de dólares.
El Senado aprobó tres distintos créditos por 675.9 millones de dólares y en Diputados y Senado aprobaron los contratos de préstamo de 550 millones de dólares, suscrito entre el Estado y la CAF, con el Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe. Posteriormente se aprobó el crédito del BID, destinado específicamente al proyecto Parque Lineal, que unirá las ciudades de La Paz y El Alto, y que busca mejorar la calidad de vida urbana y el equilibrio ambiental en la región metropolitana.
Finalmente se está garantizando que el PGE se aplique, por los créditos aprobados en Senado y Diputados, que servirán para salir de la crisis que nos dejaron los gobiernos del MAS de Morales y Arce.
La autora es Abogada, Economista y ex Asambleísta Constituyente.