El Gobierno y el transporte pesado de Santa Cruz alcanzaron ayer un acuerdo para viabilizar la aplicación del Decreto Supremo (DS) 5503, norma que forma parte del paquete de ajuste económico y que generó fuertes tensiones con el sector por el impacto en los costos del combustible y la operativa del servicio.
La reunión se desarrolló en instalaciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y contó con la participación del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, otras entidades estatales, la Cámara de Transporte del Oriente y la Federación Departamental de Transporte de Santa Cruz.
El acta establece la aplicación del diferimiento de créditos y el saneamiento tributario para el transporte pesado; la reducción a 0% del gravamen arancelario para la importación de llantas, repuestos e insumos; y la coordinación con YPFB para garantizar el abastecimiento de diésel, incorporando mejoras en los mecanismos de control y operatividad para evitar desabastecimientos o desvíos.