El Gobierno reafirmó ayer que no dará marcha atrás al Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los hidrocarburos, a pesar de las protestas y amenazas de paro de distintos sectores. Al respecto, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, sostuvo que las medidas “no son negociables” y son indispensables para superar la crisis económica y ordenar la macroeconomía del país.
Asimismo, justificó el fin del subsidio, al señalar que era financieramente insostenible y que beneficiaba al contrabando y a redes de corrupción. Aseveró que, de no haberse aplicado este ajuste, Bolivia se encaminaba a una situación de inviabilidad económica.
No obstante, aclaró que la gasolina mantiene un nivel de subvención y que el decreto incluye medidas de alivio para el transporte, como la reducción de aranceles a repuestos, llantas y baterías.
Entretanto, el ministro de Hidrocarburos y Energía, Mauricio Medinaceli, explicó que se analizó toda la cadena de los hidrocarburos para asumir la medida, con ella se da mayores recursos a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y reactivar e invertir en el sector, así como en las refinerías.
Con respecto a los precios de la gasolina en 6,96 bolivianos por litro y el diésel de 9,80 bolivianos, la autoridad indicó que obedece a que el segundo es más difícil de controlar, debido a que el 95% del consumo se importa.
Mientras que la gasolina, la mitad que se consume se refina en el país, es más difícil de manejar para los contrabandistas, por su volatilidad. “Es la única manera de combatir (el comercio ilegal, con medidas económicas”, agregó.
Por otro lado, el Gobierno atribuyó el incremento de precios y al desabastecimiento de productos de la canasta familiar a una “psicosis colectiva” generada por la desinformación y el consumo excesivo de parte de la población; además, ratificó que no dará marcha atrás en el retiro de la subvención a los hidrocarburos, pese a las amenazas de protestas sociales.
