¿El uniforme verde olivo en subasta?

La institución que debería ser el escudo de la sociedad se ha transformado, en muchos casos, en una estructura donde la ley se negocia y el servicio público tiene precio. Se debe admitir que la corrupción en la Policía Boliviana es estructural, sistémica, y no un fenómeno aislado; es un mal alimentado por el abandono estatal, la precariedad salarial y una formación que ha priorizado el número sobre la integridad y la capacidad real.
El diagnóstico es doloroso, pero innegable. La Policía cobra coimas en las calles, pero también hay escabrosos casos vinculados con el narcotráfico; así, la ciudadanía tiene razón al perder la confianza. No obstante, antes de juzgar hay que ver los motivos profundos de este mal. ¿Cómo podemos exigirle a un oficial que arriesgue su vida contra el crimen organizado cuando su salario apenas cubre las necesidades básicas de su familia? ¿No tiene un buen oficial de policía derecho a ganar lo justo?
La dignificación salarial no es una concesión, es una inversión en seguridad nacional. En todo caso, es más urgente subir el salario de los policías que mantener la vergonzosa renta vitalicia de expresidentes y ex vicepresidentes. En Bolivia, el sueldo de un policía de bajo rango es una ridiculez. Entonces ¿un agente mal remunerado no es una presa para la tentación del soborno? Si el Estado no paga un sueldo digno a sus uniformados, el soborno se encargará de “compensar” eso. Elevar los sueldos a niveles competitivos es el primer paso para blindar moralmente a la institución. No se trata solo de dinero, sino de un mensaje claro: el Estado valora y cuida a quienes son los guardianes de la seguridad ciudadana.
No obstante, el aumento salarial por sí solo es insuficiente si no se acompaña de una reforma estructural en la formación policial. La Academia de Policías debe ser una institución con enseñanza de calidad. Necesitamos una currícula centrada en ética pública y técnicas de investigación modernas, alejadas del viejo paradigma represivo y de códigos paralelos. La selección de docentes y personal en general debe ser transparente, sin padrinazgos políticos, asegurando que los más aptos accedan al grado. El policía debe saber que su carrera depende de su hidalguía y su eficacia, no de sus “relaciones”.
También es importante implementar sistemas de control interno y externo que operen con total independencia. La meritocracia debe sustituir a la lealtad política como factor de ascenso.
La reforma de la institución policial ya no puede esperar. Requiere un pacto nacional que esté más allá de colores políticos. Sin policías bien pagados, bien formados y con una ética a prueba de fuego, la democracia amenazada por factores antidemocráticos. Es momento de reestructurar la Policía. Solo así el ciudadano volverá a ver en el policía a un aliado y no a un extorsionador al que hay que tener miedo.