Jean Carla Terrazas Cortez, presidenta de la Cámara de Mujeres Empresarias de Bolivia (Camebol) Santa Cruz y vicepresidenta nacional de la entidad, denunció públicamente haber sido víctima de un episodio de violencia física y judicial en el marco de una disputa patrimonial con sus hermanos, Carlos Alberto Terrazas y Jorge Antonio Terrazas, a quienes acusó de “manejar a su antojo” procesos judiciales durante más de una década “amparado en redes de corrupción vinculadas al masismo”.
Terrazas afirmó que tanto ella como su madre, de 83 años, han sufrido persecución, amenazas y abusos de poder desde hace más de 10 años, cuando su familia se vio envuelta en múltiples procesos judiciales por el control de bienes y oficinas familiares. Aseguró que su hermano vendió terrenos sin rendir cuentas y que la justicia finalmente había designado un interventor para revisar las operaciones, lo cual habría detonado un violento intento de recuperación de las oficinas en disputa.
“Golpes, amenazas de muerte e intento de irrupción violenta. Todo está registrado en video”, manifestó Terrazas. Según su relato, agentes policiales estuvieron presentes durante el hecho.
Expertos en Derecho consultados señalan que la figura del interventor judicial procede cuando existen indicios de mala administración o de ocultamiento de bienes, por lo que su designación implica ya una “intervención de oficio de la justicia” ante presuntas irregularidades. No obstante, advirtieron que cualquier situación de violencia física durante la ejecución de una orden debe ser investigada separadamente por la Fiscalía Especializada en Delitos de Género y Violencia Familiar, conforme lo establece la Ley N° 348 (Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia).
Desde Camebol Nacional, su directorio expresó respaldo a Terrazas y pidió garantías para su seguridad y la de su madre. «Rechazamos todo acto de violencia ejercido contra nuestras afiliadas y líderes empresariales. Ningún conflicto patrimonial justifica la agresión física o psicológica contra una mujer», señaló la entidad mediante comunicado.
Por su parte, las autoridades del Viceministerio de Igualdad de Oportunidades confirmaron que Terrazas presentó documentación y pruebas en La Paz, solicitando medidas de protección y la revisión de denuncias previas archivadas en Santa Cruz. El caso está siendo evaluado por la Unidad de Transparencia del Ministerio de Justicia.
