Tras ser imputado formalmente por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes dentro del proceso por presunta corrupción y desvío de recursos en el Fondo Indígena, el expresidente, Luis Arce Catacora, será puesto ante un juez este viernes a las 13:00. La Fiscalía solicitó su detención preventiva por tres meses en el Centro de Reinserción de Qalauma (Viacha) por razones de seguridad.
La información fue confirmada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Romer Saucedo, en conferencia de prensa, quien además aclaró que a Arce no le corresponde un juicio de responsabilidades debido a que fue imputado en su condición de ministro de Economía durante el gobierno de Evo Morales (2006-2019).
El director de Régimen Penitenciario, Fernando Camacho Rivera, advirtió ayer sobre la existencia de personas que buscan agredir al exmandatario para desprestigiar al Gobierno y generar desestabilización, por lo que anunció medidas extraordinarias de seguridad para preservar su integridad en caso de que la justicia decida encarcelarlo.
La comisión de fiscales sostuvo la existencia de indicios suficientes para determinar que Arce incurrió en los delitos señalados durante la administración del fondo destinado a proyectos en comunidades rurales, señalándolo como responsable del supuesto desfalco millonario a través de más de 3.500 proyectos, de los cuales ni la mitad fuer completado.
En la imputación, la Fiscalía sustenta la decisión de enviar a Arce a prisión en que él conocía la irregularidad de su accionar, al haber autorizado desembolsos de cuentas estatales a cuentas particulares por un total de Bs 925 mil millones, sin haber realizado el debido seguimiento y control de los proyectos.
También se señala la necesidad de imponer medidas restrictivas ante la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización, debido a la influencia política del exmandatario.
Arce fue aprehendido el miércoles pasado el mediodía y, hasta ayer, permaneció en celdas policiales de la fuerza anticrimen en la sede de Gobierno, a la espera de su audiencia de medidas cautelares, en la cual un juez definirá si se defiende en libertad o si se lo envía preventivamente a Qalauma.
El fiscal asignado al caso, Miguel Cardozo, informó ayer que existen cinco mandamientos de aprehensión contra otros sindicados, de un total de siete personas por ahora implicadas y con alertas migratorias en su contra. No descartó investigar a otras exautoridades, exdirigentes y exdirectores implicados, debido a la magnitud del caso.