La paradoja regulatoria en nuestro país

La eficacia en la administración pública no debería ser un anhelo, sino una realidad. En Bolivia, no obstante, la realidad de sus entidades reguladoras —como la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) y la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT)— dibuja un horizonte de ineficiencia que impacta en el bienestar del ciudadano y el desarrollo del país. A pesar de contar con marcos legales y misiones institucionales, la distancia entre la función teórica y la ejecución práctica es gigantesca, dejando a los usuarios en la desprotección y a los sectores estratégicos sumidos en la precariedad.
La ATT merece un análisis detenido. Esta entidad tiene el objetivo de garantizar servicios de telecomunicaciones y transportes de calidad. Sin embargo, las quejas por mal servicio en aerolíneas o empresas de telecomunicaciones son pan de cada día. Los usuarios denuncian la mala atención, la pérdida de maletas, el maltrato o el retraso de los vuelos, especialmente en el transporte aéreo con BoA, que es una empresa pública de muy mala reputación. Aunque la ATT amonestó a operadores o les impuso multas por incumplir estándares de calidad, estas acciones punitivas parecen ser solo paliativos que no resuelven el problema de fondo: falta de inversión en infraestructura, la poca o nula competencia por el cierre de varias empresas privadas y una mediocre supervisión que reacciona ante los problemas en lugar de prevenirlos. Otro análisis merece la Autoridad del Sistema Financiero (ASFI), a la cual se le puede cuestionar por acosar políticamente, pues hace un tiempo acusó a un tiktoker por haber este emitido una opinión, o por verter declaraciones ajenas a la realidad, pues en 2025 negó la crisis económica y dijo que la economía boliviana era estable.
Pero cabe preguntarse si la ineficiencia de estas entidades públicas es un fenómeno aislado o más bien un indicio de lo mal que dejaron el país los masistas. La excesiva planificación del Estado y el burocratismo, la falta de una gestión bien hecha y orientada a resultados y la politización de los cargos directivos (las cuotas políticas y las prebendas) eliminan cualquier intento de meritocracia. Las autoridades por lo común se echan la culpa entre ellas o se escudan en la herencia de “gobiernos pasados” para justificar su inacción, perpetuando un ciclo de mal manejo de las empresas del Estado y de sus instituciones y entidades.
El país necesita repensar sus entidades reguladoras o directamente eliminarlas. Se requiere una gestión pública que ponga como prioridad la rendición de cuentas, la transparencia y la profesionalización de sus equipos, manteniendo a raya los intereses políticos de los partidos y movimientos sociales. Los contribuyentes ¿no merecen autoridades que no solo existan en el papel y en las leyes, sino que actúen con eficacia y, sobre todo, con un compromiso con el interés público? Además, la regulación corrupta y negligente no solo debilita la confianza en el Estado mismo, sino que frena el desarrollo, la inversión privada y la competencia. Eliminar el “Estado tranca” debería ser también repensar estas cuestionables “autoridades”.